¿Cuánto le cuesta al país una consulta popular? El fantasma de la consulta anticorrupción resurge en el debate político

12.03.2025
Cortesía
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En medio del creciente debate sobre la posibilidad de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro convoque una consulta popular para impulsar sus reformas, una pregunta clave ha comenzado a resonar en los pasillos del Congreso y en los círculos políticos: ¿cuánto le cuesta al país este mecanismo democrático? El caso más reciente, la consulta anticorrupción organizada en 2018 por la entonces congresista Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, ha vuelto a la palestra como un referente de los costos y desafíos que implica este proceso.

La consulta anticorrupción, celebrada el 26 de agosto de 2018, tuvo un costo estimado de $150.000 millones de pesos, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este monto, que incluyó la logística, la impresión de tarjetones, la capacitación de jurados y la divulgación, ha sido citado por críticos del Gobierno como una advertencia sobre el alto precio de llevar a cabo una consulta popular en un momento en el que las finanzas públicas enfrentan fuertes presiones.

¿En qué se gastan los recursos?
Una consulta popular no es un proceso barato. Según expertos en materia electoral, los costos se dividen en varias partidas:

  1. Logística electoral: Incluye la impresión de más de 30 millones de tarjetones, el transporte de materiales a zonas remotas y la instalación de puestos de votación en todo el país.

  2. Capacitación y pago a jurados: Miles de ciudadanos son convocados para garantizar la transparencia del proceso, lo que implica gastos en capacitación y compensación económica.

  3. Seguridad: La Policía y el Ejército deben desplegar un operativo especial para garantizar el orden durante la jornada.

  4. Divulgación y pedagogía: El Estado debe informar a la ciudadanía sobre el contenido de las preguntas y los mecanismos de participación.

En el caso de la consulta anticorrupción, aunque la participación fue históricamente baja (solo el 11,6% del censo electoral acudió a las urnas), los costos fueron ineludibles. Este precedente ha llevado a muchos a cuestionar si una consulta popular es la mejor opción en un contexto de restricciones fiscales.

El debate sobre la consulta de Petro
El Gobierno nacional ha insinuado en varias ocasiones que podría recurrir a una consulta popular si el Congreso no aprueba sus reformas estrella, como la laboral, la pensional y la de salud. Sin embargo, voces críticas, incluidos algunos sectores del propio oficialismo, han advertido sobre los riesgos de este mecanismo.

"Una consulta popular no es un cheque en blanco. Además de los costos económicos, está el riesgo de que la participación no sea significativa, lo que debilitaría la legitimidad del proceso", señaló el analista político Javier Restrepo.

Por su parte, el expresidente Iván Duque, quien ha sido uno de los críticos más vocales de la posible consulta, recordó que "el Congreso es el órgano legítimo para hacer leyes" y advirtió que este mecanismo podría ser visto como un "ataque a la institucionalidad".

Lecciones de la consulta anticorrupción
La consulta anticorrupción de 2018, impulsada por Claudia López y un grupo de jóvenes líderes, dejó varias lecciones. Aunque logró poner en la agenda nacional temas cruciales como el recorte de salarios a congresistas y la obligación de rendir cuentas, su impacto legislativo fue limitado debido a la baja participación.

Hoy, con el fantasma de aquella consulta rondando el debate político, muchos se preguntan si el país está dispuesto a asumir nuevamente los costos de un proceso que, aunque democrático, no garantiza resultados concretos.

¿Qué sigue?
Mientras el Gobierno evalúa la viabilidad de una consulta popular, el debate sobre sus costos y consecuencias sigue abierto. Lo que está claro es que, en un país con urgentes necesidades sociales y económicas, cada peso gastado debe justificarse con resultados tangibles.

Por ahora, la sombra de la consulta anticorrupción sirve como un recordatorio de que, en política, las buenas intenciones no siempre son suficientes.