El Congreso se prepara para una semana decisiva en materia legislativa, marcada por la llegada de la ley de sometimiento, el avance en la discusión del presupuesto general para el año 2027 y los primeros debates en torno a un nuevo estatuto antiterrorista que el Gobierno alista y que ya genera posiciones encontradas entre las distintas bancadas.

La ley de sometimiento, que aterrizará formalmente en las comisiones esta semana, busca establecer un marco jurídico para que estructuras criminales se acojan a la justicia a cambio de beneficios condicionados. El proyecto contempla mecanismos de desmantelamiento de organizaciones, entrega de bienes y colaboración efectiva con las autoridades, a cambio de penas reducidas y garantías de no extradición bajo estrictos requisitos.

Voceros del Gobierno han insistido en que la iniciativa no constituye una amnistía encubierta, sino una herramienta para reducir la violencia y recuperar territorios bajo control de grupos armados. Sin embargo, sectores de la oposición advierten que el texto podría abrir la puerta a la impunidad si no se fijan límites claros a los beneficios y a la participación política futura de los sometidos.

En paralelo, se espera que avance la discusión del presupuesto para 2027, un proyecto que llega en medio de un escenario económico desafiante, con presiones sobre el gasto social, las inversiones en infraestructura y las transferencias a las regiones. El Ministerio de Hacienda ha defendido una propuesta que prioriza programas de reducción de la pobreza, educación y salud, mientras promete disciplina fiscal y control del déficit.

Los partidos han anunciado que darán una dura pelea por la redistribución de recursos, especialmente en lo relacionado con regalías, financiación de proyectos locales y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Gobernadores y alcaldes, por su parte, han pedido ser escuchados en las audiencias públicas para advertir sobre el riesgo de recortes que, según ellos, podrían frenar obras estratégicas y comprometer la prestación de servicios básicos.

Al mismo tiempo, el Gobierno trabaja en un estatuto antiterrorista que, aunque aún no ha sido radicado, ya se perfila como uno de los puntos más polémicos de la agenda. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el borrador contempla el endurecimiento de penas, nuevas herramientas de inteligencia y mayores facultades para las autoridades en contextos de amenaza terrorista. Organizaciones de derechos humanos y algunos congresistas han advertido que vigilarán de cerca el articulado para evitar abusos y garantizar que cualquier medida respete las libertades civiles y el debido proceso.