Alerta nacional: 15 municipios de Boyacá podrían quedarse sin gas natural por deuda del gobierno

28.03.2025
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Una crisis sin precedentes se cierne sobre 15 municipios de Boyacá, donde el servicio de gas natural podría suspenderse en cuestión de días. La empresa distribuidora Enercer lanzó un contundente comunicado en el que asegura que, debido al atraso en los pagos de subsidios por parte del Gobierno nacional, su proveedor principal cesará el suministro a partir del próximo 1 de abril.

La situación, calificada como "insostenible" por la compañía, afectaría directamente a miles de familias de estratos 1 y 2, así como a pequeños comercios y empresas locales que dependen del gas para sus actividades diarias. Según Enercer, el incumplimiento en los desembolsos compromete toda la cadena de distribución, poniendo en jaque no solo el abastecimiento, sino también la viabilidad financiera de la operación en la región.


Un problema arrastrado: deudas que ahogan al sector

Fuentes internas de la empresa revelaron que el Gobierno adeuda más de $15.000 millones correspondientes a subsidios no transferidos en los últimos trimestres. "Llevamos meses gestionando, pero no hay respuestas concretas. Si no se regulariza el pago, no habrá gas para distribuir", afirmó un alto ejecutivo bajo reserva.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se evitó hacer declaraciones contundentes, limitándose a señalar que "se están evaluando alternativas para cumplir con las obligaciones". Sin embargo, el silencio oficial ha generado malestar entre las autoridades locales, quienes exigen soluciones inmediatas.


Impacto social y económico en la región

Boyacá, un departamento con alta dependencia del gas natural para uso doméstico e industrial, enfrentaría un colapso en servicios esenciales si se materializa el corte. Alcaldes de los municipios afectados ya han convocado reuniones de emergencia, mientras líderes comunitarios advierten sobre posibles protestas si no hay respuestas claras.

¿Qué sigue? Mientras el reloj avanza hacia la fecha límite, la presión sobre el Gobierno nacional aumenta. La pregunta que ronda en los corrillos políticos es simple: ¿Actuará el Ejecutivo a tiempo para evitar una crisis humanitaria, o llegará la suspensión sin remedio?