En un contundente debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la congresista Ana Ligia Mora puso bajo la lupa la gestión del sector minero-energético heredada del Gobierno anterior. Ante la Ministra de Minas y Energía, la representante expuso una serie de preocupaciones que, según advirtió, comprometen la transparencia en el uso de los recursos públicos, la seguridad energética del país y la eficiencia de los trámites ambientales. 

Su intervención se centró en tres alertas clave que, de no atenderse con urgencia, podrían tener efectos graves para la economía y el medio ambiente.

La primera alerta se refirió al presunto derroche en la contratación. Mora señaló que existen recursos públicos comprometidos en contratos sin la debida claridad ni sustento técnico, jurídico o financiero, muchos de ellos heredados de la administración anterior. La representante cuestionó la falta de estudios previos robustos, la ausencia de criterios de priorización y la opacidad en la selección de contratistas. 

A su juicio, estas prácticas no solo vulneran los principios de transparencia y eficiencia, sino que también ponen en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar el sector minero-energético.

En este punto, la congresista insistió en la necesidad de revisar uno a uno los contratos cuestionados, establecer responsabilidades y, de ser necesario, acudir a los organismos de control. Subrayó que cada peso mal invertido en el sector es un peso que se le quita a la transición energética, a la inversión social y a las regiones productoras. 

Mora pidió a la Ministra un compromiso explícito con la depuración de la contratación heredada de la administración anterior, la publicación de información detallada y la adopción de mecanismos de seguimiento que permitan a la ciudadanía conocer en qué se están utilizando los recursos públicos.

La segunda alerta estuvo relacionada con la gestión del fenómeno de El Niño. Ana Ligia Mora criticó la falta de planeación y preparación durante el Gobierno anterior para enfrentar un evento climático que, según recordó, fue ampliamente advertido por los expertos. 

La representante señaló que no se tomaron a tiempo decisiones estratégicas en materia de generación, almacenamiento y uso eficiente de la energía, lo que dejó al país en una situación de vulnerabilidad. Esta ausencia de previsión, afirmó, pudo agravar los riesgos de desabastecimiento y encarecimiento de las tarifas para los usuarios.

Mora enfatizó que la experiencia reciente debe servir como lección para fortalecer la planificación energética de largo plazo. Propuso consolidar sistemas de alerta temprana más robustos, diversificar la matriz energética con fuentes renovables y garantizar que las decisiones técnicas no se subordinen a cálculos políticos de corto plazo. 

Asimismo, pidió que se rindan cuentas claras sobre las medidas adoptadas, los costos asumidos y los aprendizajes institucionales que dejará el paso del fenómeno de El Niño, con el fin de evitar que el país repita los mismos errores en futuros episodios climáticos extremos.

La tercera alerta se centró en los trámites ambientales, un tema que, según la representante, se ha convertido en un cuello de botella tanto para proyectos estratégicos como para iniciativas comunitarias. Ana Ligia advirtió que la falta de articulación entre entidades, la dispersión normativa y los tiempos excesivos de respuesta generan incertidumbre, frenan la inversión responsable y, paradójicamente, no garantizan una mejor protección del medio ambiente. 

Por ello, hizo un llamado a modernizar y simplificar los procedimientos, sin relajar los estándares de control, y a fortalecer la capacidad técnica de las autoridades ambientales. Con estas tres alertas, la congresista dejó claro que el país necesita un sector minero-energético más transparente, planificado y sostenible.