Bienes incautados a la mafia serán destinados a comunidades vulnerables en Colombia
Bogotá, Colombia – La Presidencia de la República anunció que una serie de bienes inmuebles incautados a organizaciones criminales serán entregados a comunidades vulnerables en departamentos como Chocó y Santander. Entre los bienes que pasarán a beneficiar a la población se encuentran moteles, edificios, bodegas y otros inmuebles que anteriormente pertenecían a mafias y organizaciones delictivas.
Estos activos, que han sido gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), serán transformados para cumplir funciones sociales, convirtiéndose en residencias estudiantiles, casas refugio para mujeres y jóvenes, y espacios comunitarios destinados al disfrute y desarrollo de quienes más lo necesitan.
"Los predios incautados a la mafia ahora son para la gente," declaró la Presidencia a través de sus redes sociales, destacando que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para reparar el daño causado por el crimen organizado y fortalecer el tejido social en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.
En Chocó, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado y la falta de infraestructura, los inmuebles serán utilizados para la construcción de residencias estudiantiles, permitiendo a jóvenes de zonas rurales acceder a una educación superior en condiciones dignas. En Santander, se prevé la creación de casas refugio para mujeres víctimas de violencia y jóvenes en situación de vulnerabilidad, proporcionando un espacio seguro y recursos para su reintegración social.
La SAE, encargada de la administración de estos bienes, ha señalado que este es solo el comienzo de un proyecto a largo plazo que buscará maximizar el impacto social de los activos recuperados de la criminalidad. "Transformar lo que antes fue usado para el mal en oportunidades para el bien es una forma de hacer justicia social," comentó un vocero de la entidad.
Este anuncio ha sido recibido con optimismo por organizaciones sociales y comunitarias, que ven en esta medida una oportunidad para el desarrollo y la reparación en zonas históricamente marginadas. Sin embargo, también han llamado a la vigilancia para asegurar que la distribución y uso de estos bienes se haga de manera transparente y efectiva.
Con esta iniciativa, el gobierno del presidente Gustavo Petro reafirma su compromiso de luchar contra el crimen organizado no solo desde el ámbito judicial, sino también a través de políticas que buscan redirigir los recursos delictivos hacia el bienestar de la ciudadanía.