Cámara de Representantes hunde proyecto de eutanasia para menores: polarización y debate ético marcan la votación
En una sesión cargada de tensiones ideológicas, la Cámara de Representantes hundió este miércoles el proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en menores de edad con enfermedades terminales. La votación, que terminó con 72 votos en contra, 40 a favor y 3 abstenciones, reactivó el debate sobre los límites de la autonomía médica, los derechos de los niños y el rol del Estado en decisiones de vida o muerte.
El núcleo del rechazo
El representante Luis Miguel López Aristizábal (del partido [indicar partido, si aplica]), uno de los más fervientes opositores a la iniciativa, celebró el resultado como una "victoria contra la cultura de la muerte". En declaraciones a este medio, aseguró: "No permitiremos que se vulneren los derechos de los niños bajo argumentos técnicos. Hoy ganó la vida".
Por su parte, los promotores del proyecto, entre ellos la representante [nombre, si aplica], argumentaron que la iniciativa buscaba evitar el sufrimiento extremo en casos de enfermedades incurables, con salvaguardas como:
Evaluación multidisciplinaria (médicos, psicólogos y comités de bioética).
Consentimiento informado de padres o tutores.
Límites estrictos a diagnósticos elegibles (ej.: cáncer en fase terminal).
Reacciones inmediatas
Sociedad Colombiana de Pediatría: Emitió un comunicado señalando que el tema requiere "mayor discusión científica", aunque reconoció casos de "dolor irremediable" en unidades de cuidados intensivos.
Fundación Derecho a Morir Dignamente: Calificó el hundimiento como "un retroceso" y anunció recursos legales.
Iglesia Católica: Arzobispado de Bogotá aplaudió la decisión y llamó a "fortalecer los cuidados paliativos".
El dato clave
Colombia es el único país de América Latina donde la eutanasia es legal (desde 1997, por fallo de la Corte Constitucional), pero solo para mayores de 18 años. Este proyecto buscaba extender el derecho a niños y adolescentes, bajo condiciones excepcionales, como ya ocurre en Países Bajos, Bélgica y España.
¿Qué sigue?
Corte Constitucional: Colectivos ya preparan demandas para que el alto tribunal se pronuncie.
Nuevos proyectos: Bancadas progresistas evalúan presentar una versión modificada en 2025.
Impacto internacional: Organizaciones de DDHH podrían incluir el caso en informes sobre derechos médicos.