El senador Julio Alberto Elías advirtió desde el Congreso de la República: las cámaras de fotodetección se han convertido, en muchos casos, en un sistema de recaudo que ha dejado en segundo plano su verdadera finalidad: salvar vidas. Lo que nació como una herramienta tecnológica para reducir la siniestralidad vial terminó atrapado en una lógica de ingresos fáciles, opaca para el ciudadano y débilmente vigilada por las autoridades que deberían garantizar su correcta operación.

El primer síntoma de este desvío es la forma en que se instalan muchos de estos dispositivos. Se colocan sin cumplir todos los permisos y requisitos habilitantes, al margen de estudios técnicos serios y de la planeación urbana que exige la ley. En lugar de responder a una política integral de seguridad vial, aparecen de la noche a la mañana en vías donde nadie explica por qué son necesarias ni qué metas concretas de reducción de accidentes se persiguen.

A ello se suma un problema técnico de fondo: la falta de calibración periódica. Numerosas cámaras operan sin las verificaciones metrológicas que garanticen mediciones confiables, lo que abre la puerta a errores, sanciones injustas y una profunda desconfianza ciudadana. Cuando el conductor percibe que el sistema puede equivocarse y que no existe un control riguroso, deja de verlo como un aliado para la seguridad y lo asume como un enemigo recaudador.

La ubicación de estos equipos también delata sus verdaderas prioridades. En vez de instalarse donde existe mayor accidentalidad histórica, se concentran en tramos de alta circulación y fácil detección de infracciones menores, donde la probabilidad de recaudo es mayor que el impacto real en la reducción de muertes y lesiones. Así, la evidencia técnica cede ante la tentación de la caja registradora, y la política pública se distorsiona en favor de contratos y porcentajes.

Este modelo ha generado un círculo vicioso: ciudadanos indignados, miles de comparendos cuestionados en los estrados judiciales y una sensación generalizada de abuso. La pedagogía vial, que debería ser el corazón de cualquier estrategia de control, ha sido reemplazada por la sorpresa de la notificación en el buzón. En lugar de campañas claras, señalización visible y prevención, se privilegia el efecto sorpresa que más recauda, pero menos educa.

Es urgente corregir el rumbo. Las cámaras de fotodetección deben volver a su propósito original: salvar vidas, no engordar presupuestos. Esto implica depurar el mapa de ubicaciones con base en datos de siniestralidad, exigir calibraciones certificadas y públicas, transparentar los contratos con operadores privados y garantizar que cada peso recaudado se invierta en infraestructura segura, educación vial y atención a víctimas. De lo contrario, seguiremos teniendo un sistema que castiga al conductor, pero no corrige las causas estructurales de la tragedia en nuestras vías.