Gobierno ajusta decreto de emergencia tras terremoto del 10 de agosto
El gobierno de Abelardo De La Espriella introdujo modificaciones al decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica tras el terremoto del pasado 10 de agosto. A través del decreto 1348, el Ejecutivo ajustó el listado de entidades territoriales oficialmente reconocidas como afectadas por el sismo, con el objetivo de precisar el alcance de las medidas excepcionales y la distribución de recursos. La decisión se da en medio de un intenso debate regional sobre los criterios utilizados para determinar qué departamentos resultaron más impactados por la emergencia.
Según el nuevo decreto, los departamentos de Caquetá y Santander fueron incluidos dentro del grupo de territorios afectados por el movimiento telúrico. Esta incorporación les permitirá acceder a los instrumentos especiales de financiación, alivios tributarios y flexibilización normativa previstos en el marco del estado de emergencia. Autoridades locales de ambas regiones habían insistido en los últimos días en que los daños en infraestructura, vivienda y servicios públicos justificaban plenamente su inclusión en la declaratoria.
Al mismo tiempo, el gobierno decidió excluir al departamento del Putumayo de la lista de entidades cobijadas por la emergencia. La medida ha generado interrogantes entre algunos sectores políticos y sociales, que señalan que aún se están evaluando los impactos reales del sismo en esa zona del país. No obstante, fuentes del Ejecutivo sostienen que los reportes técnicos y los balances preliminares de daños no respaldan la permanencia de Putumayo dentro del ámbito del decreto original.
El decreto 1348 precisa que la actualización del mapa de afectación busca garantizar que los recursos extraordinarios se dirijan a las áreas con mayores necesidades derivadas del terremoto. En Caquetá y Santander, las autoridades departamentales ya trabajan en la consolidación de censos de damnificados y en la identificación de obras prioritarias de reconstrucción. Se espera que, con la nueva clasificación, se agilicen los desembolsos y la puesta en marcha de proyectos de recuperación económica y social.
Desde la Presidencia se ha insistido en que la declaratoria de emergencia mantiene su carácter temporal y focalizado, y que cualquier modificación adicional dependerá de la evolución de los informes técnicos y de la capacidad institucional para atender la crisis. El gobierno de Abelardo De La Espriella ha reiterado que las medidas excepcionales no sustituyen las competencias ordinarias de las entidades territoriales, sino que las complementan para responder de manera más rápida y coordinada a los efectos del sismo.
Organizaciones ciudadanas y veedurías anunciaron que harán seguimiento al impacto real de la inclusión de Caquetá y Santander, así como a las consecuencias de la exclusión de Putumayo. Analistas advierten que la transparencia en la asignación de recursos y la claridad en los criterios técnicos serán claves para evitar conflictos regionales y garantizar que la emergencia se maneje con criterios de equidad. En los próximos días, el gobierno deberá presentar informes más detallados sobre la implementación de las medidas y los resultados esperados en las zonas afectadas.