Cancino exige rol activo del sector financiero contra la extorsión digital
“El sector financiero no puede ser un espectador”. Con esta frase, el ministro de Justicia, Iván Cancino, marcó el tono de su intervención ante la cúpula bancaria reunida en Asobancaria, donde presentó cuatro propuestas concretas para enfrentar el crecimiento de la extorsión en el país. El funcionario advirtió que los delincuentes han encontrado en las plataformas digitales, las billeteras electrónicas y las cuentas bancarias un canal rápido y silencioso para recibir el dinero de sus víctimas, lo que exige una respuesta mucho más ágil y coordinada entre el Estado y las entidades financieras.
Cancino explicó que la primera de sus propuestas apunta a fortalecer los mecanismos de trazabilidad de las transacciones sospechosas vinculadas a extorsión, de manera que los bancos y las fintech puedan identificar patrones de riesgo en tiempo real. Según el ministro, no basta con los reportes tradicionales de operaciones inusuales: se requiere un sistema preventivo que permita congelar de inmediato los recursos cuando existan indicios claros de que provienen de actividades extorsivas, evitando que el dinero se disperse en múltiples cuentas o plataformas.
La segunda iniciativa planteada por el jefe de la cartera de Justicia busca crear un protocolo unificado de respuesta rápida entre las entidades financieras, la Fiscalía y la Policía Judicial. Este esquema incluiría canales exclusivos y horarios extendidos para atender casos de extorsión reportados por las víctimas o detectados por los propios bancos. El objetivo, dijo Cancino, es reducir al mínimo el tiempo entre la denuncia, el bloqueo de las cuentas y la obtención de información clave para identificar a las redes criminales que operan detrás de estos cobros ilegales.
Como tercer eje, el ministro propuso robustecer los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y la verificación de identidad en la apertura y uso de billeteras electrónicas y cuentas digitales de bajo monto, que hoy son aprovechadas por los extorsionistas para ocultar su rastro. Cancino insistió en que la inclusión financiera no puede convertirse en una puerta abierta para el delito y planteó que la regulación incorpore filtros tecnológicos adicionales, cruces de bases de datos y alertas automáticas cuando se detecten movimientos atípicos en este tipo de productos.
La cuarta propuesta se centra en la cooperación tecnológica y el intercambio de información. Cancino invitó a Asobancaria a liderar, junto con el Gobierno, una mesa permanente para desarrollar herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial que permitan anticipar y desarticular esquemas de extorsión digital. En este espacio, las entidades compartirían indicadores agregados y anonimizados sobre operaciones sospechosas, mientras que las autoridades aportarían insumos de investigaciones en curso, siempre bajo estrictos estándares de protección de datos personales.
El ministro de Justicia subrayó que estas medidas no buscan trasladar responsabilidades penales al sector financiero, sino convertirlo en un aliado estratégico en la lucha contra la extorsión, un delito que, recordó, golpea con especial dureza a comerciantes, transportadores y pequeños empresarios. “Si los criminales usan la infraestructura financiera para cobrar, esa misma infraestructura debe ser una barrera infranqueable para ellos”, concluyó Cancino, al tiempo que instó a los bancos a asumir un compromiso público con la implementación de estas propuestas en los próximos meses.