Según las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el departamento del Chocó alcanzó en 2025 una tasa de pobreza monetaria del 65,3 %, el porcentaje más alto de este indicador en todo el territorio nacional. El dato confirma la persistencia de una brecha histórica frente al promedio del país y reaviva el debate sobre la efectividad de las políticas públicas dirigidas a las regiones más rezagadas. Expertos advierten que, de no tomarse medidas urgentes y focalizadas, la situación podría profundizarse en los próximos años.

El indicador de pobreza monetaria mide la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. En el caso del Chocó, más de seis de cada diez habitantes se encuentran por debajo de esa línea, lo que se traduce en dificultades para acceder a alimentación adecuada, vivienda digna, transporte, educación y salud. Mientras tanto, el promedio nacional se mantiene varios puntos por debajo, lo que evidencia una marcada desigualdad territorial que se concentra especialmente en la región Pacífica y en algunos departamentos de la Orinoquía y la Amazonía.

Las autoridades locales señalan que la combinación de factores estructurales explica buena parte de este resultado: baja infraestructura vial, limitada presencia del Estado en zonas rurales, altos niveles de informalidad laboral y una histórica dependencia de actividades extractivas con poco valor agregado. A esto se suman los efectos de la violencia y el desplazamiento forzado, que han fragmentado el tejido social y dificultado la consolidación de proyectos productivos sostenibles. Organizaciones sociales del departamento insisten en que la pobreza en Chocó no es solo un problema de ingresos, sino también de exclusión y falta de oportunidades reales.

Desde el Gobierno nacional se han anunciado programas de inversión social y obras de infraestructura para intentar revertir la tendencia. Entre las iniciativas se cuentan proyectos de mejoramiento de vías terciarias, ampliación de la cobertura educativa y fortalecimiento de la atención primaria en salud. Sin embargo, analistas consultados consideran que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del rezago. Señalan que, además de recursos, se requiere una mejor articulación institucional y una planeación de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno y las coyunturas políticas.

El Dane, por su parte, ha insistido en la importancia de utilizar estas cifras como insumo para la toma de decisiones y el diseño de políticas focalizadas. La entidad recuerda que la pobreza monetaria está estrechamente relacionada con otros indicadores, como el desempleo, la informalidad y la calidad de los servicios públicos. En el caso del Chocó, la persistencia de altos niveles de pobreza también se refleja en brechas educativas, en mayores tasas de desnutrición infantil y en dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento, especialmente en comunidades rurales y ribereñas.

Mientras tanto, líderes comunitarios y organizaciones de base en Chocó reclaman que las decisiones no se tomen únicamente desde Bogotá, sino que incorporen la voz de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el territorio. Plantean que cualquier estrategia para reducir la pobreza debe reconocer las particularidades culturales y ambientales del departamento, así como su enorme potencial en biodiversidad y economía sostenible. Con una pobreza monetaria del 65,3 % en 2025, el reto es mayúsculo: transformar las cifras en acciones concretas que permitan que el crecimiento económico, cuando llegue, se traduzca en bienestar real para la población chocoana.