Comisión de Acusación de la Cámara tiene 114 procesos activos contra el presidente Petro, sin decisiones a la vista
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado, enfrenta un creciente escrutinio público debido a la acumulación de 114 procesos activos en contra del presidente Gustavo Petro. La mayoría de estas denuncias están relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la importancia de su rol, los 18 congresistas que conforman esta instancia legislativa han evitado discutir y votar sobre las denuncias presentadas. Este estancamiento ha generado críticas, ya que la Comisión tiene la responsabilidad de decidir si los casos deben ser archivados, si es necesario abrir una investigación formal, o si corresponde una inhibición por falta de mérito.
La inacción de la Comisión ha despertado preocupación entre diversos sectores políticos y de la sociedad civil, que ven en esta demora una posible falta de voluntad para cumplir con sus funciones de manera efectiva. "La Comisión de Acusación es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la más alta esfera del poder, pero su parálisis es alarmante", señaló un analista político.
En contraste, algunos miembros de la Comisión han argumentado que la complejidad de los casos y la necesidad de un análisis exhaustivo justifican el tiempo que han tomado para actuar. Sin embargo, esta explicación no ha satisfecho a quienes exigen mayor celeridad y claridad en el manejo de las denuncias.
El presidente Petro, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones cualquier irregularidad en la financiación de su campaña y ha calificado las acusaciones como infundadas. Mientras tanto, el país sigue esperando una resolución que determine si las denuncias avanzarán en el ámbito judicial o si serán archivadas.
La falta de decisiones por parte de la Comisión de Acusación pone en duda la eficacia de este organismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los procesos en curso. Con el tiempo corriendo y la presión en aumento, la Comisión enfrenta el reto de demostrar que está a la altura de su mandato constitucional.