Consejo Superior de la Judicatura creará más de 1.600 cargos nuevos en 2025, mientras atraso judicial supera los 2.3 millones de procesos
En medio de una crisis por la congestión en los despachos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) anunció la creación de más de 1.600 nuevos cargos para el próximo año, una medida que busca aliviar la sobrecarga de trabajo en tribunales y fiscalías. Sin embargo, la decisión ha generado escepticismo entre expertos, quienes cuestionan si esto realmente resolverá el histórico problema del atraso judicial, que en 2024 alcanzó la cifra récord de 2.311.743 procesos pendientes.
Según las estadísticas oficiales, en 2024 se atendieron 6.733 procesos por día, una cifra insuficiente para reducir el acumulado histórico. Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del CSJ, defendió la medida argumentando que la falta de personal es uno de los principales cuellos de botella:
"La Rama Judicial requiere más manos para descongestionar el sistema. Estos nuevos cargos, debidamente estructurados, permitirán mayor eficiencia en la resolución de casos", aseguró Vallejo.
No obstante, críticos señalan que el problema no solo es de capacidad operativa, sino de gestión y modernización. "Crear más cargos sin una reforma profunda a la justicia es como poner curitas a una herida abierta. El sistema necesita digitalización, optimización de procesos y menos trámites redundantes", advirtió un alto funcionario judicial bajo reserva de identidad.
Mientras el CSJ prepara la contratación masiva, las cifras revelan una realidad preocupante:
2,3 millones de procesos pendientes en 2024.
Solo 6.733 casos atendidos diariamente, un ritmo que no alcanza a cubrir la demanda.
Tutelas y procesos civiles representan el mayor porcentaje de la congestión.
Organizaciones como Justicia Visible han alertado que, sin cambios estructurales, la creación de nuevos cargos podría convertirse en un gasto ineficiente, especialmente en un escenario donde la confianza en la justicia sigue en niveles críticos.
Ante las dudas sobre transparencia, Vallejo aseguró que los nuevos funcionarios serán asignados con base en "criterios técnicos y necesidades prioritarias", descartando que se trate de una "repartición política de puestos". Sin embargo, la sombra de los nombramientos cuestionados en el pasado sigue generando recelo.
Mientras tanto, abogados y jueces consultados por este medio coinciden en que, aunque la medida es un paso, no será suficiente si no viene acompañada de una reforma integral que agilice procesos, elimine trámites obsoletos y fortalezca la justicia digital.
La pregunta que queda en el aire: ¿Los 1.600 nuevos cargos marcarán la diferencia, o solo alimentarán una burocracia que ya parece insostenible?