Denuncian presuntas irregularidades en contratos del anterior gobierno
En los últimos meses del anterior gobierno no solo se habrían dejado contratos amarrados; también se habrían celebrado acuerdos con personas que tendrían inhabilidades vigentes para contratar con el Estado. Así lo señala una denuncia penal recientemente radicada ante la Fiscalía, que advierte sobre un presunto patrón de adjudicaciones dirigidas y posibles violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El caso ya empezó a generar preocupación en distintos sectores políticos y de control.
De acuerdo con el documento conocido por este medio, la denuncia pone bajo la lupa a 74 funcionarios y contratistas que habrían participado, de una u otra forma, en la suscripción de estos contratos cuestionados. Entre ellos figuran exaltos cargos de la administración saliente, asesores jurídicos, jefes de contratación y representantes legales de empresas privadas. La Procuraduría ya abrió indagaciones preliminares para establecer el alcance de las presuntas irregularidades.
Según la denuncia, varios de los contratos habrían sido tramitados de manera acelerada en las semanas finales del mandato, mediante procesos abreviados o declaratorias de urgencia que limitaron la competencia. En algunos casos, se habrían modificado pliegos de condiciones a última hora para favorecer a determinados proponentes. Los denunciantes sostienen que estas maniobras habrían permitido mantener, de facto, a los mismos operadores pese a advertencias previas de los organismos de control.
Uno de los puntos más delicados del expediente tiene que ver con la presunta participación de personas con inhabilidades vigentes. La denuncia menciona antecedentes disciplinarios y sanciones fiscales que, de confirmarse, les impedirían contratar con el Estado. No obstante, estas personas habrían suscrito contratos directamente o a través de consorcios y uniones temporales, lo que podría configurar faltas disciplinarias graves e incluso eventuales delitos contra la administración pública.
Fuentes de la Procuraduría consultadas indicaron que, por ahora, se adelanta la recolección de documentos, contratos, actas y certificaciones para verificar la información aportada en la denuncia. El organismo de control también estaría cruzando bases de datos de sancionados y reportes de la Contraloría para determinar si hubo omisión en la verificación de antecedentes por parte de las entidades contratantes. De encontrarse méritos, se abrirían investigaciones formales con posibles suspensiones e inhabilidades para los implicados.
Entre tanto, desde el entorno del anterior gobierno algunos exfuncionarios han negado cualquier irregularidad y aseguran que todos los procesos se ajustaron a la ley. Han pedido que se respete la presunción de inocencia y que las autoridades avancen con celeridad para aclarar los hechos. La Fiscalía y la Procuraduría, por su parte, han reiterado que las pesquisas se desarrollarán con independencia y que, de comprobarse responsabilidades, se adoptarán las sanciones penales y disciplinarias correspondientes.