“La burocracia y el desgreño de AIR-E es una vergüenza. Lo que pasó ahí, el roto que hay, es monumental”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, encendió el debate público sobre la situación de la empresa distribuidora de energía, en medio de la discusión nacional por la crisis energética que golpea a millones de usuarios. La frase, pronunciada en el Congreso, no solo retrata el malestar del Gobierno, sino que también pone en evidencia la magnitud del problema financiero y operativo que enfrenta la compañía.

Durante el debate sobre la crisis energética, Gómez Martínez fue enfático en señalar que el caso de AIR-E se ha convertido en un símbolo de cómo la combinación de mala gestión, trámites interminables y falta de controles efectivos puede derivar en un colapso casi anunciado. Según el ministro, la empresa arrastra un “roto” económico que no solo compromete su sostenibilidad, sino que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico en regiones donde el servicio ya es precario. La advertencia llega en un momento en que el Gobierno busca recuperar la confianza ciudadana en el sector.

El jefe de la cartera de Hacienda subrayó que la burocracia interna y las decisiones tardías han impedido que AIR-E responda con eficiencia a las necesidades de los usuarios. A esto se suma, dijo, un desorden administrativo que ha dificultado la ejecución de inversiones clave en infraestructura, mantenimiento y modernización de redes. “No es aceptable que, en plena crisis energética, tengamos una empresa atrapada en su propio laberinto de trámites y negligencias”, afirmó, al tiempo que reclamó responsabilidades claras y correctivos inmediatos.

Gómez Martínez también hizo énfasis en el impacto social de la situación. En varias zonas del país, especialmente en la región Caribe, los usuarios enfrentan cortes frecuentes, fluctuaciones de voltaje y facturas que no siempre reflejan la calidad del servicio recibido. Para el ministro, este escenario alimenta la desconfianza hacia las instituciones y profundiza el malestar ciudadano. “Cuando la gente ve que paga por un servicio deficiente y que, además, la empresa está sumida en el desgreño, la sensación de abandono es inevitable”, advirtió durante su intervención.

Frente a este panorama, el ministro planteó la necesidad de buscar soluciones estructurales y no meros paliativos. Entre las opciones mencionadas se encuentran la revisión de los esquemas de supervisión, la exigencia de planes de saneamiento financiero y la posibilidad de replantear el modelo de operación de AIR-E si no se observan mejoras en el corto plazo. Gómez Martínez insistió en que cualquier salida debe priorizar la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema, por encima de intereses particulares o cálculos políticos.

El pronunciamiento del ministro de Hacienda marca un punto de inflexión en la discusión sobre el futuro de AIR-E y, por extensión, sobre la gobernanza del sector energético. Sus declaraciones presionan a los organismos de control, a la empresa y a otras entidades del Estado a actuar con mayor celeridad y transparencia. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la expectativa de decisiones concretas que se traduzcan en un servicio más confiable y en el cierre del “roto monumental” que hoy, según el propio Gobierno, avergüenza al país.