Crisis humanitaria: reclutamiento de menores se dispara 151% mientras gobierno recorta programas de prevención
Una alarmante revelación sacude al país: mientras el Ministerio de Defensa redujo en un 80.3% las acciones para prevenir el reclutamiento forzado de menores en 2024, esta práctica criminal aumentó en un 151.6% según datos oficiales. Más de 460 niños y adolescentes habrían sido arrancados de sus familias por grupos armados ilegales en lo que va del año, según denunció el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui (@jjUscategui), quien responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por lo que calificó como "una omisión criminal".
Documentos del Presupuesto General de la Nación muestran que los programas clave para proteger a la niñez en zonas de conflicto sufrieron drásticos recortes, incluyendo:
Desmantelamiento de equipos especializados en prevención
Reducción del 72% en psicólogos y trabajadores sociales en zonas rurales
Eliminación de 18 de 23 proyectos comunitarios contra el reclutamiento
"Mientras el gobierno recorta protección, los grupos armados llenan el vacío. Los niños del Caquetá, Chocó y Putumayo están pagando el precio de esta negligencia", afirmó Uscátegui durante un acalorado debate en el Congreso.
La crisis se agrava por la ausencia inexplicable del Alto Comisionado para la Paz, quien no asistió a las sesiones urgentes de las comisiones de Paz y Derechos Humanos esta semana. Su falta de respuesta ha generado indignación entre organizaciones como Human Right Watch, que exigen acciones inmediatas.
Fuentes militares consultadas por este medio confirmaron que el ELN y las disidencias de las FARC están aprovechando el vacío institucional, usando a menores incluso en ataques con explosivos. "Estamos viendo niños de 12 años manipulados como carne de cañón", reveló un coronel en condición de anonimato.
El representante Uscátegui presentó un informe que cuestiona el destino de los $4.2 billones asignados en 2023 para la protección de menores. "Los recursos desaparecieron, pero los fusiles siguen llegando a manos de niños. ¿Acaso este gobierno prioriza a los criminales sobre las víctimas?", preguntó ante el pleno.
Mientras tanto, en zonas como Tumaco y Catatumbo, madres desesperadas relatan cómo los grupos armados amenazan escuelas y reclutan a punta de pistola. "Se llevaron a mi hijo de 14 años. Denuncié y nadie hizo nada", contó María L. (nombre cambiado por seguridad), cuyo caso aparece en los registros de la Defensoría del Pueblo.
La UNICEF y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido alertas sobre el colapso del sistema de protección infantil en Colombia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa insiste en que "la estrategia se está reestructurando", sin ofrecer plazos concretos.