Debate político por presuntos abusos a menores en cuidado institucional

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, anunció que propondrá citar a un debate de control político por los recurrentes casos de presunto abuso sexual y maltrato contra menores de edad bajo cuidado institucional en el país. La congresista advirtió que los recientes hechos conocidos en Bogotá y Villavicencio evidencian fallas graves en los protocolos de selección, supervisión y seguimiento de quienes tienen a su cargo la protección de niños y niñas en jardines infantiles, hogares sustitutos y entidades adscritas al Estado.
La iniciativa surge tras la denuncia del presunto abuso de un niño de 4 años en un jardín infantil de Bogotá, caso que ha generado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades competentes. De acuerdo con la información preliminar, el menor habría sido víctima dentro de las instalaciones del centro educativo, lo que pone en entredicho los mecanismos de vigilancia, las rutas de atención y la responsabilidad de los directivos del establecimiento.
El segundo hecho que motivó el llamado de Gordillo fue la captura de una madre sustituta vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Villavicencio, señalada de presunto abuso contra un menor que se encontraba bajo su cuidado. Para la representante, este caso revela posibles vacíos en los procesos de evaluación psicológica, formación y monitoreo permanente de las familias sustitutas, así como en la articulación entre el ICBF, las autoridades judiciales y los entes de control territoriales.
Gordillo anticipó que en el debate de control político solicitará la presencia de la directora del ICBF, del ministro de Educación y de representantes de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que rindan cuentas sobre las medidas adoptadas frente a estos casos y presenten cifras actualizadas de denuncias, investigaciones y sanciones. La congresista insistió en que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón preocupante que exige revisar a fondo el sistema de protección a la niñez y sus mecanismos de prevención.
La representante también planteará la necesidad de fortalecer los filtros de ingreso del personal que trabaja con primera infancia, así como de implementar evaluaciones periódicas, capacitaciones obligatorias en prevención del abuso y canales de denuncia seguros y confidenciales para niños, familias y funcionarios. Según Gordillo, el Congreso debe ejercer un control riguroso sobre la ejecución de los recursos destinados a la niñez y garantizar que los programas de atención no se conviertan en escenarios de riesgo para los menores.
Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y expertos en política pública han respaldado la realización del debate, al considerar que puede abrir la puerta a reformas normativas y ajustes institucionales urgentes. Mientras tanto, los casos de Bogotá y Villavicencio continúan en investigación por parte de la Fiscalía, y las familias afectadas reclaman celeridad, verdad y garantías de no repetición. El debate de control político se espera sea agendado en las próximas semanas en la plenaria de la Cámara de Representantes.
