La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó este lunes a las autoridades a garantizar plenamente los derechos de todas las personas migrantes, sin distinción de su situación jurídica, tras el reciente anuncio del Gobierno de iniciar deportaciones de extranjeros en situación irregular o presuntamente vinculados a la comisión de delitos. Marín subrayó que las políticas migratorias deben ajustarse de forma estricta a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En un comunicado difundido por su despacho, la defensora recordó que la condición migratoria de una persona “no puede ser motivo para restringir derechos fundamentales como la integridad personal, el debido proceso, la defensa legal y el acceso a servicios básicos esenciales”. Añadió que cualquier procedimiento de expulsión debe estar debidamente motivado, ser individualizado y permitir la revisión judicial efectiva de las decisiones administrativas.

El pronunciamiento se produce luego de que el Ejecutivo anunciara un plan de deportaciones dirigido a migrantes en situación irregular y a aquellos que, según las autoridades, estarían vinculados a actividades delictivas. El Gobierno ha defendido la medida como una respuesta necesaria al aumento de la inseguridad ciudadana, pero organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de estigmatizar a toda la población migrante y de aplicar expulsiones colectivas.

Marín enfatizó que la lucha contra el delito “no puede traducirse en vulneraciones masivas de derechos ni en prácticas discriminatorias”. En ese sentido, pidió que se refuercen los mecanismos de identificación de víctimas de trata, solicitantes de asilo, refugiados y personas con necesidades de protección internacional, antes de ejecutar cualquier orden de deportación. También reclamó protocolos claros para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como de mujeres embarazadas y personas mayores.

La defensora del Pueblo solicitó al Ministerio del Interior y a las autoridades migratorias que transparenten los criterios que se utilizarán para determinar los casos sujetos a deportación, y que garanticen el acceso a intérpretes, asesoría jurídica gratuita y recursos administrativos y judiciales efectivos. Recalcó que la presunción de inocencia debe respetarse en todo momento y que la mera sospecha o el perfil étnico no pueden justificar una expulsión.

Finalmente, Marín llamó al Gobierno a abrir un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y comunidades migrantes para revisar el alcance del plan anunciado y asegurar que cualquier medida adoptada sea compatible con los compromisos internacionales del país. “La gestión de la migración debe basarse en el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la protección de las personas más vulnerables”, concluyó la defensora.