DIAN en la mira: polémica por cobro de IVA a zonas comunes en conjuntos residenciales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha encendido las alarmas en todo el país al anunciar su intención de cobrar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) por el uso de zonas comunes en conjuntos residenciales. La medida, calificada por expertos y ciudadanos como un "abuso fiscal", ha desatado una ola de indignación y críticas hacia el Gobierno nacional, acusado de buscar nuevas formas de "meterle la mano al bolsillo" a los colombianos.
Según la interpretación de la DIAN, áreas como parques, gimnasios, piscinas y salones comunales, que son de uso colectivo para los residentes de conjuntos cerrados, ahora estarían sujetas al cobro del 19% de IVA. Esta decisión, que ha sido tildada de "desproporcionada" y "ajena a la realidad económica del país", afectaría a millones de familias que ya enfrentan dificultades financieras en medio de la crisis económica que atraviesa Colombia.
"Es un golpe bajo para la clase media y para quienes viven en estratos bajos. Las zonas comunes son parte integral de la vida en los conjuntos residenciales, y gravarlas con IVA es una medida que no tiene justificación", afirmó un experto en derecho tributario consultado por este medio. Además, señaló que esta decisión podría generar un efecto dominó, incrementando los costos de administración y, por ende, los valores de los arriendos y las cuotas de mantenimiento.
La polémica no se ha hecho esperar. Asociaciones de propietarios y administradores de conjuntos residenciales han expresado su rechazo contundente, argumentando que la medida no solo es injusta, sino que también carece de fundamento legal sólido. "Esto no es más que una estrategia para recaudar a costa del ciudadano de a pie. La DIAN debería enfocarse en combatir la evasión y la elusión fiscal, en lugar de castigar a quienes ya cumplen con sus obligaciones", manifestó un representante de la Asociación Colombiana de Conjuntos Residenciales.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida, asegurando que se trata de una "interpretación técnica" de la normativa tributaria vigente. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar los ánimos en un país donde la carga fiscal ya es percibida como excesiva por gran parte de la población.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará el afán recaudador del Estado? Mientras la DIAN insiste en aplicar esta controvertida medida, los colombianos se preparan para una nueva batalla legal y política que podría definir el futuro de la política tributaria en el país.
Lo que está claro es que, en medio de la inflación, el desempleo y la incertidumbre económica, decisiones como esta solo profundizan el descontento social y refuerzan la percepción de que el Gobierno está desconectado de las necesidades reales de la ciudadanía.