Laura Sarabia fue imputada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado
En una audiencia cargada de tensión y simbolismo político, la fiscal del caso dirigió un severo regaño a la exjefe de Gabinete del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, al momento de imputarle tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El pronunciamiento, que se extendió por varios minutos, marcó el tono de una diligencia en la que la representante del ente acusador insistió en que la exfuncionaria no solo conocía la ley, sino que estaba obligada a encarnar sus más altos estándares.
“Usted estaba obligada, más que cualquier otra persona, a obrar siempre conforme a derecho y a ser ejemplo de rectitud en todas sus actuaciones”, le dijo la fiscal, mirando de frente a Sarabia. La frase, pronunciada con énfasis, resonó en la sala y dejó claro que, para la Fiscalía, la gravedad del caso no radica únicamente en los hechos investigados, sino en la posición de poder y confianza que ocupaba la exjefe de Gabinete dentro del círculo más cercano del entonces presidente.
Según la imputación, el delito de abuso de función pública se habría configurado cuando Sarabia, presuntamente, utilizó su investidura para activar mecanismos estatales con fines ajenos al interés general. La fiscal sostuvo que, de comprobarse estos hechos, se trataría de una desviación inaceptable del poder conferido por el cargo. “El Estado le confió herramientas excepcionales para servir a la ciudadanía, no para resolver asuntos personales ni para ejercer presiones indebidas”, recalcó, subrayando que la función pública exige límites claros y un respeto absoluto por las garantías de todos los ciudadanos.
En cuanto al constreñimiento ilegal agravado, la fiscal describió un patrón de presiones y exigencias que, de acuerdo con la investigación, habría vulnerado la libertad de quienes se vieron involucrados en el caso. Sin entrar en detalles probatorios, recordó que ninguna autoridad puede valerse de su posición para intimidar, coaccionar o forzar declaraciones. “El poder del Estado no es un instrumento de miedo, sino una responsabilidad que debe ejercerse con prudencia, respeto y sujeción estricta a la Constitución”, enfatizó, aludiendo a la especial gravedad que adquiere este delito cuando proviene de altos funcionarios.
Sobre el peculado por uso, la fiscal señaló que el proceso busca establecer si recursos, bienes o capacidades del Estado fueron empleados para fines distintos a los previstos por la ley. “Cada vehículo, cada funcionario, cada minuto de trabajo pagado con dinero público está destinado a servir a la comunidad, no a intereses particulares”, advirtió. En ese contexto, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a exigir que quienes ocupan cargos de confianza respondan con transparencia y rindan cuentas por cada decisión que involucre el patrimonio público.
El regaño culminó con una reflexión sobre el impacto institucional del caso. La fiscal recordó que la confianza en las instituciones se erosiona cuando quienes deben ser ejemplo terminan en el centro de investigaciones penales. “Le era exigible un comportamiento de máxima corrección, precisamente por la cercanía al poder y la influencia que usted ejercía”, concluyó. Mientras la defensa de Sarabia anunció que controvertirá cada uno de los señalamientos, la audiencia dejó planteado un mensaje contundente: la Fiscalía pretende llevar este proceso hasta las últimas consecuencias, en un expediente que seguirá marcando la agenda política y judicial del país.