El senador Antonio Correa encendió nuevamente el debate nacional sobre las fotomultas al denunciar que la Costa Caribe está “inundada” de cámaras y comparendos electrónicos que, según él, dejaron de ser una herramienta de seguridad vial para convertirse en un negocio que golpea el bolsillo de los ciudadanos. A través de sus redes sociales, el congresista aseguró que detrás de este sistema existe lo que denominó #ElCartelDeLasFotomultas, una estructura que se beneficia económicamente del aumento desmedido de sanciones.

Correa recordó que, pese a las críticas de la ciudadanía, el número de dispositivos sigue creciendo en varias ciudades de la región. “Esto no es seguridad vial, es un negocio con el bolsillo de la gente”, afirmó, al señalar que la falta de pedagogía, la mala señalización y la ausencia de controles transparentes han convertido las fotomultas en una fuente de recaudo antes que en una estrategia para salvar vidas en las vías. El senador insistió en que muchos conductores se enteran de las sanciones solo cuando ya están embargados o reportados.

El congresista reveló que, ante este panorama, decidió radicar un proyecto de ley para frenar lo que considera un abuso sistemático. Según explicó, la iniciativa busca poner límites claros al número de cámaras, exigir estudios técnicos previos, garantizar señalización visible y obligar a que la mayor parte de los recursos recaudados se destine realmente a mejorar la seguridad vial. “Mientras muchos guardan silencio, nosotros decidimos actuar”, señaló, al advertir que no se puede seguir castigando a los ciudadanos sin ofrecerles condiciones justas en las carreteras.

Correa también denunció que su propuesta legislativa ya ha sido frenada en dos oportunidades en el Congreso, lo que, a su juicio, demuestra la fuerza de los intereses económicos que rodean el negocio de las fotomultas. Sin embargo, aseguró que no renunciará a su propósito y anunció que volverá a presentar el proyecto. “Lo frenaron dos veces, pero la tercera será la vencida”, afirmó, al invitar a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir un debate abierto sobre el uso de estas tecnologías en el país.

Como ejemplo del crecimiento acelerado de las cámaras, el senador mencionó el caso de Barranquilla, donde, según sus datos, la red de fotomultas aumentó en 28 dispositivos adicionales entre 2012 y 2015. Para Correa, este incremento no ha estado acompañado de una estrategia integral de educación vial ni de una evaluación transparente de los resultados en reducción de accidentes. Por el contrario, sostiene que muchos puntos de control parecen ubicarse más con criterios de recaudo que de prevención.

El anuncio del nuevo proyecto de ley se da en medio de un creciente malestar ciudadano por las sanciones automáticas y los procesos administrativos que, en ocasiones, resultan confusos y difíciles de controvertir. Correa insistió en que no se trata de eliminar por completo las fotomultas, sino de regularlas con rigor, transparencia y enfoque social. “La seguridad vial es una prioridad, pero no puede construirse a costa de abusos”, concluyó, al reiterar que seguirá impulsando la discusión hasta lograr una normativa que proteja tanto la vida en las vías como el bolsillo de los colombianos.