Embajador Roy Barreras denuncia al senador Hernández por soborno de testigos y hostigamiento
En un giro inesperado que escaló la tensión política entre dos figuras clave del oficialismo, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, interpuso una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador José Pablo Hernández por los presuntos delitos de soborno a testigos y hostigamiento agravado. La acción legal llega como respuesta a las acusaciones públicas que el congresista hizo contra Barreras, vinculándolo con irregularidades en contratos del Canal Congreso.
El enfrentamiento, que ya trasciende lo político para entrar al terreno judicial, estalló después de que Hernández —en declaraciones y redes sociales— asegurara que Barreras habría participado en manejos opacos en la adjudicación de recursos públicos durante su época como presidente del Senado. Sin embargo, el embajador no solo negó categóricamente los señalamientos, sino que contraatacó con una demanda formal, alegando que el senador incurrió en conductas ilegales para fabricar pruebas en su contra.
"Presenté pruebas ante la Corte Suprema que demuestran cómo el senador Hernández habría intentado comprar testimonios falsos y ejercido presión indebida para afectar mi honorabilidad", declaró Barreras a través de un comunicado.
Fuentes cercanas al caso revelaron que la denuncia incluiría grabaciones, mensajes y documentos que probarían los intentos del senador por manipular testigos vinculados al escándalo del Canal Congreso. Por su parte, Hernández, conocido por su estilo confrontativo, calificó la demanda como un "intento desesperado por silenciar la verdad" y prometió presentar "pruebas irrefutables" en los próximos días.
El escándalo ocurre en un momento crítico para el Gobierno Nacional, que enfrenta divisiones internas entre aliados del presidente Gustavo Petro. Mientras Barreras es visto como un operador clave en el exterior, Hernández ha mantenido una línea crítica frente a varios proyectos oficialistas, lo que alimenta teorías sobre una pugna por influencia dentro de la coalición.
Al tratarse de una denuncia contra un senador en ejercicio, la Corte Suprema de Justicia es la única instancia competente para investigar. Si el alto tribunal encuentra méritos, Hernández podría enfrentar un proceso disciplinario e incluso penal, en un escenario que recuerda casos emblemáticos como el del senador Uribe en su momento.
Mientras tanto, el Consejo de Estado sigue revisando las acusaciones originales contra Barreras por los contratos del Canal Congreso, en un duelo legal que podría extenderse por meses.
La pregunta que queda flotando: ¿Se trata de una legítima defensa judicial o de una estrategia para neutralizar a un crítico incómodo?