Federico Gutiérrez revela 501 casos de hallazgos e irregularidades de la administración de Quintero
Con pruebas que ya están siendo puestas a disposición de los órganos de control y con los expedientes que arrojó la auditoría forense, aplicada por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, se presentó un revelador informe de hallazgos e irregularidades que comprometen a la administración de Medellín entre 2020 y 2023.
Las denuncias hechas por Gutiérrez Zuluaga revelan detalles desconocidos ante la opinión pública del negocio de la Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop, cuestionan la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo y señalan que Presupuesto Participativo funcionó como un 'carrusel de la contratación.
El alcalde Gutiérrez Zuluaga enfatizó que el más escandaloso de estos hechos tiene que ver con el programa insignia de la pasada administración de Medellín: Computadores Futuro.
Fuentes de la Alcaldía señalaron que el contrato inicial se adjudicó por un valor de $80.000 millones. Sin embargo, tuvo 6 modificaciones y terminó costando $118.000 millones, es decir $38.000 millones más. Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas, por ejemplo, se hallaron equipos sin sistema de ventilación. Además, más de 9.000 computadores fueron entregados bajo la modalidad de incentivo, lo cual no está permitido, ya que la Constitución Nacional prohíbe las donaciones a particulares por parte de entidades públicas.
La gravedad de los hallazgos es tal, que incluso el alcalde denunció que uno de los Computadores Futuro fue encontrado en una casa de empeño de la ciudad.
Según la oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín, el programa Buen Comienzo también fue objeto de investigación en la auditoría forense la cual señaló que, de manera arbitraria y sin evaluar la pertinencia, se adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de $5.182 millones, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, con el agravante de que se requirieron, adicional, más de $7.315 millones para su puesta en funcionamiento.
Además, actualmente se encuentran imputaciones en fiscalía a exfuncionarios por hechos de corrupción frente a la contratación con sobrecostos para los paquetes alimentarios del programa, entre los que se encuentran la ex secretaria de Educación, la ex directora técnica del programa y el representante legal de una de las corporaciones que funcionaba como operador.
"Queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al Distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro patrimonio. Queremos dejar un precedente: esto no puede volver a pasar", expresó Gutiérrez Zuluaga.