Gobierno anuncia pago de $1.280.000 mensuales a campesinos que sustituyan cultivos ilícitos: ¿La solución definitiva o un parche temporal?
En un intento por avanzar en uno de los pilares de su política de "Paz Total", el presidente Gustavo Petro ha dado un nuevo paso en su estrategia para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. Durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, el mandatario insistió en que la solución a este flagelo debe venir "desde la raíz" y con la participación activa del campesinado. "Sin la decisión del campesino, no hay política de sustitución que funcione", afirmó Petro, en un tono que refleja la urgencia de su administración por abordar este problema histórico.
En línea con estas declaraciones, Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, anunció un incentivo económico para los campesinos que decidan sumarse voluntariamente a la sustitución de cultivos de hoja de coca. Según Miranda, el gobierno pagará $1.280.000 mensuales durante 12 meses a quienes se acojan al programa, lo que equivale al 90% de un salario mínimo vigente.
Un incentivo económico en medio de la incertidumbre
El anuncio ha generado reacciones encontradas. Por un lado, organizaciones campesinas y líderes sociales han celebrado la medida, asegurando que es un reconocimiento a las dificultades económicas que enfrentan las familias que dependen de estos cultivos. "Este pago es un alivio inmediato para miles de familias que han vivido en la marginalidad y la ilegalidad por décadas", afirmó Carlos Martínez, representante de la Asociación Campesina del Cauca.
Sin embargo, críticos y expertos en política antidrogas han cuestionado la sostenibilidad de la medida. "Pagar a los campesinos durante un año es un paliativo, pero no resuelve el problema de fondo. ¿Qué pasará después de esos 12 meses? ¿Habrá alternativas productivas reales y mercados para los nuevos cultivos?", señaló Ana María Durán, analista en seguridad y desarrollo rural.
El desafío de la sustitución voluntaria
La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no es una estrategia nueva en Colombia. Sin embargo, su implementación ha enfrentado múltiples obstáculos, desde la falta de infraestructura en las regiones afectadas hasta la presencia de grupos armados que controlan estas economías ilegales. El gobierno de Petro ha insistido en que su enfoque es diferente, al priorizar el diálogo con las comunidades y ofrecer incentivos económicos directos.
No obstante, el éxito de esta política dependerá de varios factores clave: la capacidad del Estado para llegar a territorios históricamente abandonados, la coordinación con las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los campesinos y, sobre todo, la creación de proyectos productivos viables que permitan a las familias sustituir la coca por cultivos legales con mercados estables.
¿Un paso hacia la Paz Total?
El presidente Petro ha vinculado esta iniciativa a su ambicioso proyecto de "Paz Total", que busca no solo desmantelar los grupos armados, sino también transformar las condiciones económicas y sociales que alimentan el conflicto. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. La erradicación de cultivos ilícitos ha sido un tema espinoso para todos los gobiernos, y el actual no será la excepción.
Mientras tanto, miles de campesinos en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Putumayo esperan señales claras de que esta vez será diferente. El incentivo económico anunciado por Gloria Miranda es un primer paso, pero la pregunta que queda en el aire es si será suficiente para cambiar una realidad que lleva décadas arraigada en el campo colombiano.