Condenan a directivos de Chiquita Brands a 11 años por financiar grupos armados en Colombia
En un veredicto sin precedentes, la justicia colombiana impuso condenas de 11 años y 3 meses de prisión a varios exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, al comprobarse que la empresa financió a grupos paramilitares durante el conflicto armado.
La sentencia, emitida por el Juzgado Especializado de Bogotá, marca un hito en la jurisprudencia colombiana, al ser la primera vez que altos ejecutivos de una corporación transnacional son condenados por su vinculación con el terrorismo en el país.
Los Hechos que Conmocionaron a la Nación
La investigación, que se extendió por más de 15 años, demostró que Chiquita Brands –a través de su filial Banadex– realizó pagos millonarios a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004, supuestamente a cambio de "protección" para sus operaciones en Urabá.
Según las pruebas, la empresa desembolsó más de USD $1.7 millones a grupos armados, dinero que habría sido utilizado para cometer masacres, desplazamientos forzados y crímenes de lesa humanidad en zonas bananeras de Antioquia y Chocó.
Los Condenados y su Defensa
Entre los sentenciados se encuentran:
Exgerentes regionales de la compañía
Directivos financieros involucrados en el flujo de dinero
Los abogados defensores anunciaron que apelarán el fallo, argumentando que los pagos fueron realizados bajo "extrema coerción" por parte de los grupos armados. Sin embargo, el tribunal determinó que existió una relación continuada y voluntaria, configurando así un pacto criminal.
Reacciones: Entre la Justicia y la Reparación
Organizaciones de víctimas celebraron la sentencia como un "triunfo histórico", aunque exigieron que la empresa asuma reparaciones económicas.
Analistas jurídicos destacaron que este fallo sienta un peligroso precedente para otras multinacionales cuyas operaciones en Colombia podrían ser investigadas.
El Gobierno Nacional se limitó a señalar que "respalda las decisiones judiciales", evitando pronunciamientos políticos sobre el caso.
¿Qué Sigue?
La condena abre la puerta a:
Nuevas investigaciones contra otras empresas acusadas de vínculos con actores armados.
Demandas civiles millonarias por parte de víctimas en cortes internacionales.
Presión diplomática, dado que Chiquita Brands es una empresa de capitales estadounidenses.
Una cosa es clara: este fallo judicial reescribe la historia de la responsabilidad corporativa en el conflicto colombiano.