La seguridad en escenarios deportivos, tema de control político en la Comisión Séptima
Garantizar que quienes asisten a un estadio puedan hacerlo sin exponerse a hechos de violencia fue el propósito por el que integrantes de la Comisión Séptima, realizaron un debate de control político en el que participó la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, al que también estuvo la Policía Nacional, representantes de clubes deportivos y líderes de agremiaciones deportivas, quienes expusieron sus posturas y las medidas que actualmente se aplican y las dificultades que persisten para prevenir y sancionar a los responsables.
Uno de los datos que más llamó la atención durante la sesión fue el presentado por el representante del Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U). Según las cifras expuestas, entre 2019 y 2026 se han generado 893 sanciones relacionadas con hechos de violencia en el fútbol, pero solo 26 han sido efectivamente aplicadas. Para el congresista, esta diferencia muestra uno de los principales problemas: que las sanciones existan no garantiza que realmente se cumplan. También cuestionó la reducción de la presencia policial en los estadios y llamó la atención sobre los límites que tiene la seguridad privada para asumir funciones que corresponden a las autoridades. "No podemos seguir sancionando el cemento mientras los responsables de la violencia simplemente cambian de tribuna", señaló durante el debate.
La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de diferenciar entre el barrismo y las conductas violentas. El representante Sneider Gómez (Resguardo Indígena Toribío) insistió en que la respuesta no puede limitarse al castigo y reclamó que las medidas adoptadas tengan una aplicación efectiva. "Una ley que no se ejecuta no es una política de paz", afirmó. A partir de las intervenciones, quedaron planteadas varias tareas: fortalecer los mecanismos de identificación de los hinchas sancionados, avanzar en un registro nacional de infractores, mejorar la aplicación de las sanciones y lograr que la información de los sistemas biométricos utilizados por algunos clubes pueda cruzarse con los registros oficiales.
También se reiteró que la seguridad de los partidos requiere responsabilidades compartidas entre Gobierno, Policía, autoridades locales, clubes y organizadores. La sesión dejó una conclusión clara: recuperar la tranquilidad en los estadios no depende de una sola medida, sino de que las decisiones que ya existen realmente se cumplan y de que cada actor asuma la responsabilidad que le corresponde.
Fuente: Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes