La Defensoría del Pueblo reiteró que el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel en el marco del conflicto armado interno. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la entidad recordó que, precisamente por ser el Estado, su actuación está sujeta a límites jurídicos, éticos y constitucionales que no pueden ser desbordados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en escenarios de confrontación con grupos armados ilegales.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por el escalamiento de la violencia en varias regiones del país y por el tono de algunos discursos públicos que, según organizaciones de derechos humanos, podrían alentar respuestas desproporcionadas. La Defensoría subrayó que la legitimidad del uso de la fuerza estatal depende del respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales, pilares que diferencian la acción institucional de la criminalidad de los actores armados ilegales.

En su mensaje, la entidad recordó que enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población civil es un deber constitucional ineludible. Sin embargo, advirtió que ese mandato no puede interpretarse como una carta blanca para vulnerar garantías básicas ni para desconocer los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción que rigen la actuación de la Fuerza Pública. La defensa del orden constitucional, insistió, debe hacerse siempre dentro del marco de la ley.

La Defensoría del Pueblo enfatizó que incluso en la guerra existen límites y que estos no son una opción política, sino una obligación jurídica para todas las autoridades. Recordó que el respeto por la vida, la integridad personal y el trato digno a combatientes y no combatientes está consagrado en tratados internacionales suscritos por Colombia y en la propia Constitución. Desconocer esos estándares, advirtió, no solo erosiona la legitimidad del Estado, sino que puede derivar en graves responsabilidades nacionales e internacionales.

El organismo de control también hizo hincapié en que la dignidad humana no desaparece con la muerte. En ese sentido, llamó la atención sobre la necesidad de respetar los cuerpos de las víctimas, evitar discursos que celebren la eliminación del adversario y garantizar procesos de identificación, entrega digna y acompañamiento a las familias. La forma en que el Estado se relaciona con la muerte en contextos de conflicto, señaló, envía un mensaje profundo sobre el valor que otorga a cada vida humana.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades civiles y militares a que sus decisiones y declaraciones públicas se enmarquen en un enfoque de derechos humanos y de protección a la población. Reiteró que la fortaleza del Estado no se mide por la severidad del castigo ni por la crudeza de la fuerza, sino por su capacidad de defender a la ciudadanía sin renunciar a los principios que lo sustentan. En tiempos de tensión y violencia, concluyó, la verdadera diferencia entre la institucionalidad y la barbarie está en el respeto inquebrantable por la dignidad humana.