Según la alta corte, las manifestaciones permiten canalizar el descontento social, visibilizar problemáticas estructurales y exigir respuestas institucionales, por lo que su garantía resulta esencial en una sociedad democrática.

No obstante, el tribunal precisó que este derecho no es absoluto y debe ejercerse dentro de los límites que imponen el respeto por los derechos de los demás y el orden jurídico vigente. En ese sentido, recordó que la protesta no puede convertirse en un escenario para la comisión de actos de violencia, vandalismo o afectaciones desproporcionadas a bienes públicos y privados, ni justificar conductas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.

En su pronunciamiento, el Consejo de Estado subrayó que, cuando durante una manifestación se ocasionan daños a terceros, pueden generarse responsabilidades patrimoniales que deben ser asumidas conforme a las reglas de la responsabilidad civil y administrativa. Esto implica que tanto el Estado como los particulares podrían verse obligados a reparar los perjuicios causados, dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso y del grado de participación o negligencia acreditado.

La corporación explicó que la responsabilidad patrimonial busca restablecer el equilibrio roto por el daño antijurídico, de manera que quienes resulten afectados no tengan que soportar individualmente las consecuencias económicas de hechos que no están en el deber jurídico de tolerar. Por ello, insistió en la importancia de documentar adecuadamente los incidentes ocurridos durante las protestas, con el fin de facilitar la identificación de los responsables y la cuantificación de los perjuicios.

El fallo también hace un llamado a las autoridades para que adopten medidas de prevención, manejo y acompañamiento de las manifestaciones, orientadas a garantizar tanto el ejercicio del derecho a la protesta como la protección de los bienes y derechos de terceros. Entre estas medidas se incluyen protocolos claros de actuación policial, canales de diálogo con los organizadores y estrategias de gestión del espacio público que minimicen el riesgo de confrontaciones y daños materiales.

Finalmente, el Consejo de Estado invitó a los ciudadanos y a los movimientos sociales a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y responsable, respetando el marco legal y los derechos ajenos. La decisión reafirma que la protesta es un pilar de la democracia, pero recuerda que su ejercicio conlleva deberes y posibles consecuencias jurídicas cuando, en su desarrollo, se generan afectaciones patrimoniales a terceros.