Mafe Carrascal cuestiona al alcalde Galán por alza en TransMilenio y asegura que responde a intereses privados
La representante a la Cámara Mafe Carrascal Rojas lanzó una fuerte crítica contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras el anuncio del aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio, una medida que la congresista calificó como injustificada y orientada a proteger a los operadores privados del sistema.
A través de su cuenta en la red social X, Carrascal aseguró que el argumento de la Alcaldía —que atribuye el incremento al aumento del salario mínimo— "es falso". Según la parlamentaria, la decisión no busca garantizar el derecho a la movilidad, sino "proteger las ganancias de los operadores privados" que participan en el modelo de concesión del sistema de transporte masivo de la capital.
"La tarifa sube para proteger las ganancias de los operadores privados, no para garantizar el derecho a la movilidad", afirmó Carrascal, quien además cuestionó la política de subsidios del Distrito. En su pronunciamiento, la congresista señaló que miles de personas están siendo excluidas de los apoyos tarifarios, mientras —según ella— se debilita la operación pública y se mantiene un esquema que calificó como "opaco y rentista".
La representante fue más allá al asegurar que la administración distrital prioriza los intereses económicos de los concesionarios por encima de las necesidades de los usuarios. "Galán gobierna para los dueños del sistema, no para la gente", escribió, en un mensaje que reavivó el debate sobre el modelo financiero y contractual de TransMilenio.
El pronunciamiento de Carrascal se suma a las críticas de sectores políticos y sociales que, en los últimos años, han pedido una revisión estructural del sistema de transporte público en Bogotá, incluyendo el rol de los privados, la sostenibilidad financiera y el enfoque de derechos en la movilidad urbana.
"Bogotá merece un transporte público como derecho, no como negocio", concluyó la congresista, marcando una línea política que anticipa nuevos debates en el Concejo y en el Congreso sobre la financiación del transporte masivo y el impacto del alza tarifaria en los sectores de menores ingresos.
Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá ha sostenido que el ajuste tarifario responde a presiones de costos operativos y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, en un contexto de incremento del salario mínimo y de otros insumos. Sin embargo, las declaraciones de Carrascal vuelven a poner en el centro de la discusión quién asume el costo del transporte público y a quién beneficia el modelo actual.