Manifestación ilegal frente a residencia de senadora Nadia Blel Scaff pone en riesgo a su hijo menor
La senadora Nadia Blel Scaff denunció un acto de acoso político sin precedentes: una manifestación ilegal, convocada por congresistas de la coalición de Gobierno, se llevó a cabo frente a su residencia privada, donde en ese momento se encontraba su hijo menor de edad junto a otros niños. El hecho, calificado por la legisladora como una violación flagrante a la intimidad familiar, ha encendido un intenso debate sobre los límites de la protesta política y la seguridad de los funcionarios públicos.
"No es protesta, es acoso": el duro reclamo de Blel Scaff
A través de un contundente mensaje en redes sociales, la senadora conservadora aseguró que lo ocurrido "traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta" y constituye un acto de intimidación. "La vivienda de cualquier ciudadano es un espacio inviolable, sagrado para su familia, no un blanco de pasiones políticas", declaró, exigiendo que se respeten las normas que regulan las manifestaciones públicas.
Blel Scaff, conocida por su firme postura en temas de seguridad y familia, cuestionó duramente a los congresistas involucrados: "Si son padres, sabrán lo que esto significa. Hoy mi familia fue expuesta a una situación injustificable". Además, recalcó la ironía de que quienes "dicen defender los derechos humanos" hayan promovido una acción que, según ella, "pone en riesgo la convivencia democrática".
¿Protesta legítima o táctica de presión ilegal?
Aunque no se ha confirmado la identidad de los organizadores, la senadora insiste en que se trató de una acción orquestada por miembros de la coalición oficialista, en lo que parece ser una represalia política por sus recientes críticas al Gobierno. El hecho de que la protesta se realizara sin permisos y frente a un domicilio particular —en lugar de una sede institucional— ha levantado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.
Expertos en derecho constitucional consultados por este medio coinciden en que, si bien la protesta es un derecho fundamental, está sujeta a regulaciones que prohíben expresamente amedrentar a personas en sus hogares. "El Código de Policía y la jurisprudencia son claros: las manifestaciones deben ser pacíficas y en espacios públicos autorizados, no en viviendas privadas", explicó un analista jurídico.
Reacciones políticas: ¿condena o silencio incómodo?
Hasta el momento, ningún miembro del Gobierno ha condenado públicamente lo ocurrido, lo que ha generado especulaciones sobre un posible respaldo tácito a la protesta. Mientras tanto, figuras de la oposición han salido al paso, calificando el incidente como "un peligroso precedente" que podría escalar en hostigamiento a críticos del Ejecutivo.
Lo que sigue: La senadora Blel Scaff anunció que evaluará acciones legales contra los responsables, mientras crece la presión para que las autoridades investiguen y sancionen a quienes promovieron la manifestación. El caso podría llegar incluso a instancias internacionales, dada la gravedad de las acusaciones.