Menor de 14 años se niega a aceptar cargos por atentado contra Miguel Uribe Turbay
En un giro inesperado del caso que conmocionó al país, el menor de 14 años detenido por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay rechazó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia de imputación celebrada este [día], el adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva por ser menor de edad, no aceptó responsabilidad alguna por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, relacionados con el ataque armado contra el congresista del Centro Democrático.
El incidente que estremeció la política nacional
El ataque ocurrió el [fecha del incidente], cuando el senador Uribe Turbay se encontraba en [lugar exacto del hecho]. Según testigos, un individuo se acercó y disparó en varias ocasiones, aunque el político resultó ileso gracias a la rápida intervención de su esquema de seguridad.
El presunto autor fue capturado minutos después y, para sorpresa de las autoridades, se trataba de un adolescente de apenas 14 años, lo que generó un intenso debate sobre la manipulación de menores por parte de grupos criminales.
Fiscalía insiste en responsabilidad penal para el menor
A pesar de su negativa a aceptar los cargos, la Fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes que lo vinculan al ataque, incluyendo testimonios y evidencias físicas. Sin embargo, al tratarse de un adolescente, el caso se tramitará bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que establece sanciones diferenciadas a las de un adulto.
Fuentes judiciales revelaron que los investigadores no descartan que el menor haya actuado bajo coacción o influencia de terceros, lo que abriría una línea de indagación sobre posibles intelectuales o grupos detrás del atentado.
Reacciones políticas: ¿Un ataque contra la oposición?
El senador Uribe Turbay, reconocido figura del uribismo, ha asegurado que este ataque forma parte de un clima de violencia creciente contra líderes políticos, especialmente aquellos críticos al Gobierno. Por su parte, sectores oficialistas han llamado a no especular hasta que se conozcan todas las pruebas.
Mientras tanto, el caso sigue su curso legal, y el juez de control de garantías definirá en los próximos días si el menor permanecerá en un centro de atención especializado o si se le concederá otra medida.
Una cosa es clara: este caso no solo pone en evidencia los riesgos de la instrumentalización de menores en actos violentos, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia.