Habitantes de Vetas (Santander) declaran desobediencia civil tras prohibición de minería legal
En un acto de rebeldía que ha encendido las alarmas en el Gobierno nacional, los mineros y habitantes del municipio de Vetas, Santander, se declararon en desobediencia civil como respuesta a la reciente prohibición de la minería legal en su territorio, impuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la resolución 0221 de 2025. La medida, que busca proteger el páramo de Santurbán, ha sido calificada por la comunidad como un "golpe devastador" a su economía y tradición centenaria.
La resolución, que entró en vigor el pasado mes, prohíbe cualquier actividad minera en la zona, argumentando la necesidad de preservar uno de los ecosistemas más importantes del país. Sin embargo, para los habitantes de Vetas, esta decisión no solo ignora su realidad socioeconómica, sino que también desconoce los esfuerzos que han realizado durante años para ejercer una minería responsable y amparada en la legalidad.
"Nos están condenando a la pobreza. Aquí la minería no es solo un trabajo, es nuestra vida, nuestra historia y nuestro sustento. No podemos aceptar que nos arrebaten nuestro futuro sin darnos alternativas reales", declaró un líder comunitario durante una asamblea en la que se tomó la decisión de declarar la desobediencia civil.
La medida de la comunidad implica que continuarán con sus actividades mineras, desafiando abiertamente la resolución del Ministerio de Ambiente. Este acto de resistencia ha generado un enfrentamiento directo entre el Gobierno y los habitantes de Vetas, quienes aseguran que no tienen otra opción ante la falta de soluciones concretas para reemplazar los ingresos que genera la minería en la región.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente ha reiterado que la protección del páramo de Santurbán es "ineludible" y que la resolución obedece a compromisos internacionales y nacionales en materia ambiental. "Entendemos las dificultades de las comunidades, pero la preservación de nuestros recursos hídricos y ecosistemas estratégicos es una prioridad para el país", señaló un vocero de la cartera.
No obstante, críticos de la medida argumentan que el Gobierno ha fallado en construir un diálogo efectivo con las comunidades afectadas. "Prohibir sin ofrecer alternativas viables es una receta para el conflicto. El Estado debe garantizar que estas transiciones sean justas y no dejen a nadie atrás", afirmó un analista político especializado en temas ambientales.
Mientras tanto, la tensión en Vetas sigue en aumento. La comunidad ha recibido el apoyo de sectores políticos y gremiales, que han calificado la resolución como "un exabrupto técnico" y han pedido su revisión. Por otro lado, organizaciones ambientalistas han respaldado la decisión del Ministerio, insistiendo en que la protección del páramo es "irrenunciable" para garantizar el suministro de agua a millones de colombianos.
El escenario que se avecina es complejo. La desobediencia civil en Vetas no solo pone en evidencia las tensiones entre desarrollo económico y conservación ambiental, sino que también plantea un desafío mayúsculo para el Gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.
Lo que está claro es que, en medio de esta encrucijada, Vetas se ha convertido en el epicentro de un debate nacional que trasciende lo ambiental y lo económico, y que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo construir un futuro sostenible sin sacrificar el presente de quienes habitan estos territorios?