Ministro de minas rechaza tasa de seguridad en facturas de energía: "no es la solución para Santander"
En un contundente pronunciamiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazó la iniciativa de gravar las facturas de energía en Santander con una "tasa de seguridad", argumentando que esta medida no resolvería los problemas de orden público y, en cambio, afectaría el bolsillo de las familias, especialmente las de menores ingresos.
La propuesta, impulsada por algunos sectores políticos y gremiales de la región, buscaba crear un fondo especial para financiar operativos contra la delincuencia y grupos armados ilegales, que han incrementado su presencia en zonas rurales y urbanas del departamento. Sin embargo, el alto funcionario fue claro: "No podemos trasladar a los usuarios un costo que corresponde al Estado".
¿Por qué el Gobierno dice NO?
En declaraciones exclusivas a este medio, Palma Echeverri explicó que, si bien comparte la preocupación por la seguridad en Santander, considera que cargar el costo a los consumidores de energía no es viable ni justo. "Estamos hablando de un servicio básico, donde cualquier incremento golpea directamente a los estratos más vulnerables", señaló.
Además, cuestionó la efectividad del mecanismo: "La seguridad no se resuelve con un recargo en la factura, sino con estrategias integrales y presencia real del Estado". Sus palabras llegan en medio del debate por el aumento de extorsiones, ataques a infraestructura energética y homicidios selectivos en la región.
Reacciones encontradas: apoyo y críticas
Mientras asociaciones de consumidores y líderes sociales celebraron la postura del ministro, algunos gobernantes locales y sectores empresariales insisten en que se necesitan "recursos extraordinarios" para enfrentar la crisis.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aunque reconoció el argumento del Gobierno, pidió "soluciones concretas y no solo negativas": "Si no es con esta tasa, ¿de dónde saldrán los fondos para blindar a Santander?", cuestionó.
Por su parte, la Andi Seccional Santander expresó su preocupación por la "falta de alternativas claras", recordando que la inseguridad ya ha provocado pérdidas millonarias en comercios y empresas.
¿Qué sigue?
El debate está servido. Mientras el Gobierno Nacional insiste en que la seguridad debe financiarse con el presupuesto ordinario y no con impuestos encubiertos, las autoridades regionales presionan por mayor apoyo económico ante la escalada de violencia.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Encontrarán un punto medio, o Santander seguirá esperando una solución definitiva?