Ministro de trabajo Antonio Sanguino enfrentará juicio ante Corte Suprema por vínculos con "carrusel de la contratación"
En un giro que sacude al alto gobierno, la Corte Suprema de Justicia admitió formalmente la apertura de juicio en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como el "Carrusel de la Contratación" durante su época como concejal de Bogotá.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década, que involucra a decenas de políticos y funcionarios por manipulación de procesos de contratación pública en la capital del país.
¿De qué se acusa al ministro?
Según los documentos judiciales, Sanguino habría facilitado irregularidades en la adjudicación de contratos durante su periodo como concejal (2016-2019), específicamente en:
Votaciones cuestionadas a favor de consorcios investigados
Reuniones privadas con contratistas implicados
Presuntas influencias en procesos de licitación
Aunque el ministro ha negado reiteradamente cualquier irregularidad, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que convencieron a la Corte de proceder con el juicio.
¿Qué significa esto para el Gobierno?
El desarrollo representa un terremoto político para la administración del presidente Gustavo Petro:
Sanguino es el primer ministro en funciones en llegar a esta etapa del proceso
Se da en medio de la crisis por reformas clave como la laboral y pensional
Podría reactivar el debate sobre infiltración corrupta en el gabinete
Fuentes palaciegas indican que, aunque por ahora no hay anuncio de renuncia, el jefe de Estado estaría evaluando opciones para evitar un desgaste mayor.
Reacciones en cadena
Partidos de oposición exigen la renuncia inmediata del ministro
Coalición de gobierno pide "no prejuzgar" y respetar el debido proceso
Analistas políticos advierten que el caso podría manchar legado anticorrupción del presidente
Próximos pasos
El ministro tendrá 10 días para presentar sus descargos formales, mientras la Corte prepara el calendario de audiencias. De ser encontrado culpable, enfrentaría penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.