Ministro de Trabajo prepara decretos para implementar reforma laboral y avanza en consulta popular con Petro
En un movimiento que ha despertado intenso debate en el ámbito político nacional, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este martes que su cartera prepara siete decretos para implementar la reforma laboral en caso de que esta sea hundida en la Comisión Séptima del Senado. El anuncio, hecho en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y la oposición, ha generado reacciones encontradas entre los sectores políticos y los analistas, quienes ven en esta estrategia un intento del Ejecutivo de sortear los obstáculos legislativos.
Sanguino, en declaraciones a medios locales, aseguró que los decretos están siendo elaborados con "rigor técnico y jurídico" para garantizar su constitucionalidad y aplicabilidad. "Estamos preparados para actuar en caso de que el Congreso no apruebe la reforma. No podemos permitir que se frene el avance en materia laboral que tanto necesita el país", afirmó el ministro, quien evitó profundizar en los detalles específicos de los decretos, aunque adelantó que estos abordarían temas como la estabilidad laboral, la formalización y los derechos de los trabajadores.
La reforma laboral, una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha enfrentado fuertes críticas desde su presentación, especialmente por parte de sectores empresariales y partidos de oposición, quienes argumentan que podría generar un impacto negativo en la generación de empleo y la competitividad del país. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la iniciativa es fundamental para reducir la precarización laboral y avanzar hacia una economía más justa.
Consulta popular en el horizonte
En paralelo, el ministro Sanguino reveló que se encuentran en construcción las preguntas que serán sometidas a consideración del presidente Petro para una posible consulta popular. Este mecanismo, contemplado en la Constitución Política, permitiría al Ejecutivo llevar directamente a la ciudadanía decisiones clave en materia laboral y social, en caso de que el Congreso no apruebe las reformas propuestas.
"Estamos trabajando en las preguntas que podrían ser llevadas a una consulta popular. Este es un ejercicio democrático que busca que el pueblo tenga la última palabra", explicó Sanguino, quien no precisó fechas ni plazos para este proceso, pero dejó claro que el Gobierno está dispuesto a agotar todas las instancias para cumplir con su agenda política.
Reacciones políticas
El anuncio del ministro no tardó en generar reacciones. Desde la oposición, senadores como María Fernanda Cabal (Centro Democrático) calificaron la estrategia como un "ataque a la institucionalidad" y un intento de "gobernar por decreto". Por su parte, el Partido Liberal expresó su preocupación por lo que considera un "uso excesivo" de mecanismos extraordinarios para impulsar políticas que, a su juicio, deberían ser discutidas y aprobadas en el Congreso.
Desde el oficialismo, sin embargo, defienden la medida como una respuesta necesaria ante lo que describen como "obstruccionismo" de la oposición. "El Gobierno tiene la obligación de buscar alternativas cuando el Legislativo no responde a las necesidades del pueblo", afirmó el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).
¿Qué sigue?
Mientras la Comisión Séptima del Senado continúa debatiendo la reforma laboral, el Gobierno mantiene sus cartas sobre la mesa: los decretos y la consulta popular aparecen como herramientas clave para garantizar la implementación de su agenda. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Expertos constitucionalistas ya advierten sobre los límites legales de estas estrategias, mientras que el país observa con atención cómo se desarrolla este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Lo que está claro es que, en medio de un escenario político polarizado, el anuncio del ministro Sanguino ha añadido un nuevo capítulo a la intensa batalla por la reforma laboral, un tema que, sin duda, seguirá marcando la agenda nacional en los próximos meses.