Los peajes deben ser una herramienta para garantizar movilidad, buen servicio, transparencia y respeto por los ciudadanos, y no una fuente de abusos o malestar. Con este propósito se presentó un nuevo proyecto de ley que busca ordenar el sistema de cobro en las vías del país y poner en el centro los derechos de quienes se movilizan a diario por carretera.

La iniciativa establece que, cuando se presenten episodios de alta congestión vehicular en las estaciones de peaje, las talanqueras deberán levantarse y no se podrá cobrar mientras permanezcan abiertas. De esta manera se evita que los usuarios paguen por un servicio que no están recibiendo y se reducen los tiempos de espera en los corredores más críticos.

El proyecto también contempla tarifas diferenciales para las personas que viven, trabajan o estudian en las zonas de influencia de los peajes. El objetivo es aliviar la carga económica de quienes se ven obligados a pasar con frecuencia por estas estaciones para desarrollar sus actividades cotidianas, reconociendo su condición de usuarios recurrentes.

Adicionalmente, se propone que exista una distancia mínima de 140 kilómetros entre estaciones de peaje ubicadas en un mismo corredor y sentido, salvo en aquellos casos en los que existan excepciones debidamente justificadas por criterios técnicos. Con esta medida se busca evitar la sobreconcentración de puntos de cobro en tramos cortos de carretera y brindar mayor claridad a los conductores sobre la estructura tarifaria.

Según sus impulsores, el proyecto de ley pretende modernizar el sistema de peajes, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que cada pago se traduzca en mejores vías, mayor seguridad y un servicio eficiente. La discusión ahora pasará al Congreso, donde se espera un debate amplio con participación de autoridades, expertos y comunidades afectadas.