Polémica en Bogotá: propuesta para prohibir el parrillero genera rechazo y preocupación por el empleo
La congresista María del Mar Pizarro encendió el debate en la capital del país al cuestionar la propuesta de prohibir el servicio de parrillero en Bogotá, una medida que, según la Alcaldía, busca combatir la inseguridad y el crimen en la ciudad. La parlamentaria aseguró que esta iniciativa no solo es ineficaz para reducir los índices delictivos, sino que también pondría en riesgo el sustento de miles de familias que dependen de este medio de transporte informal.
"Considerar la prohibición del parrillero es una medida que va en contra del medio de trabajo de miles de bogotanos. Implementar esto no combatirá en nada el crimen y sí profundizará el desempleo", afirmó Pizarro a través de su cuenta de Twitter, donde dirigió un mensaje directo al alcalde Carlos Fernando Galán: "Alcalde Galán, muchas familias dependen de este medio de transporte para subsistir".
El servicio de parrillero, que consiste en el transporte de pasajeros en motocicletas, se ha convertido en una alternativa económica y rápida para movilizarse en una ciudad donde el tráfico y la falta de opciones de transporte público eficientes son problemas cotidianos. Sin embargo, las autoridades han señalado que este servicio opera en un vacío legal y que, en algunos casos, ha sido utilizado para cometer delitos como robos y extorsiones.
La Alcaldía de Bogotá ha defendido la propuesta argumentando que es necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y regular el transporte en la ciudad. No obstante, críticos como Pizarro insisten en que la medida no aborda las causas reales de la inseguridad y, en cambio, afectaría gravemente a un sector de la población que depende de esta actividad para su sustento diario.
"Prohibir el parrillero no resuelve el problema de fondo. Lo que necesitamos son políticas integrales que combatan la inseguridad sin sacrificar el empleo de miles de personas", señaló la congresista, quien también recordó que muchas de estas familias no cuentan con otras opciones laborales en un contexto de alta informalidad y desempleo en la ciudad.
Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se estima que más de 50.000 personas dependen directamente del servicio de parrillero, ya sea como conductores o como parte de la cadena de servicios asociados, como talleres y ventas de repuestos. Para muchos de ellos, esta actividad representa su única fuente de ingresos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. Sectores políticos, gremios y ciudadanos han comenzado a tomar posición frente a la propuesta, que ha dividido opiniones entre quienes buscan mayor seguridad y quienes defienden el derecho al trabajo de los parrilleros.
Lo que está claro es que, en medio de una ciudad que enfrenta desafíos complejos en materia de movilidad, seguridad y empleo, cualquier decisión que se tome tendrá un impacto profundo en la vida de miles de bogotanos. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno distrital encontrará un equilibrio entre estas necesidades o si, por el contrario, la prohibición del parrillero terminará por agravar la crisis social y económica en la capital.