La congresista Esmeralda Hernández denunció en redes sociales la existencia de un borrador de decreto, presuntamente elaborado por la exfiscal y exsenadora Viviane Morales, que buscaría entregar la administración de colegios públicos a operadores privados, empresarios e iglesias cristianas. Según Hernández, estos sectores habrían sido también financiadores de campañas políticas, lo que abre un debate sobre posibles conflictos de interés y la privatización encubierta de la educación pública.

“¡Estamos listos para demandar!”, escribió Hernández en su cuenta de X (antes Twitter), al advertir que el borrador de decreto permitiría que actores privados asumieran el control de instituciones educativas financiadas con recursos del Estado. La denuncia se difundió aproximadamente hace 13 horas y rápidamente generó reacciones de docentes, estudiantes y organizaciones sociales que ven en la propuesta un riesgo para el carácter laico y universal de la educación pública.

De acuerdo con la información divulgada por Hernández, el documento en preparación contemplaría la figura de operadores privados y organizaciones religiosas como administradores directos de colegios oficiales, con acceso a recursos públicos para su funcionamiento. Críticos de la iniciativa sostienen que este modelo podría abrir la puerta a la tercerización de la educación, a la pérdida de garantías laborales para los docentes y a la subordinación de los contenidos académicos a intereses particulares, económicos o confesionales.

La denuncia también revive el debate sobre el supuesto “adoctrinamiento” en las aulas, una acusación que en el pasado se dirigió contra maestros y movimientos estudiantiles. Hernández sostiene que, en contraste con esos señalamientos, el borrador de decreto revelaría la intención de ciertos sectores políticos y religiosos de influir directamente en la enseñanza, el currículo y la orientación ideológica de los colegios públicos, aprovechando su cercanía con el poder y su capacidad de financiación de campañas.

Hasta el momento, ni Viviane Morales ni las entidades gubernamentales presuntamente involucradas en la elaboración del borrador han emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del documento o su estado de avance. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de educadores han anunciado que, de confirmarse la iniciativa, impulsarán acciones legales y movilizaciones para defender el carácter público, gratuito y laico de la educación, así como la autonomía pedagógica de las instituciones.

Hernández afirmó que ya se preparan recursos jurídicos para frenar el eventual decreto, en caso de que sea firmado y entre en vigencia. La activista insistió en que la ciudadanía debe mantenerse alerta y exigir transparencia sobre cualquier reforma que afecte la administración de los colegios públicos. Mientras tanto, el debate sobre el papel del Estado, el sector privado y las iglesias en la educación continúa escalando en la opinión pública, a la espera de aclaraciones oficiales y del texto completo del borrador.