Daniel Briceño pide frenar nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá
El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, elevó una petición formal al presidente @ABDELAESPRIELLA y a la ministra @elsanoguerabaq para que intervengan frente al proyecto de instalación de nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá. La iniciativa, impulsada por la alcaldía de Galán, contempla la puesta en marcha de dispositivos de control en la NQS, la Calle 26 y la Avenida de las Américas, tres de los corredores viales más transitados de la capital.
De acuerdo con los denunciantes, la medida constituye un “abuso” que podría traducirse en una carga económica desproporcionada para los conductores, sin que exista claridad suficiente sobre los criterios técnicos que justifican la ubicación y el número de cámaras. Señalan que, más que una herramienta para mejorar la seguridad vial, el proyecto parece orientado a incrementar el recaudo por concepto de comparendos electrónicos.
El representante solicita al Gobierno nacional revisar la legalidad y pertinencia del contrato suscrito por la administración distrital, así como los estudios de movilidad y siniestralidad que habrían servido de soporte para la decisión. Insisten en que cualquier política de fotodetección debe priorizar la transparencia, la pedagogía y la prevención de accidentes, y no convertirse en un mecanismo de presión económica sobre los usuarios de la vía.
En su comunicación, Briceño pide que se abra un espacio de diálogo entre la alcaldía de Galán, el Ministerio de Transporte y la ciudadanía, con el fin de evaluar alternativas menos lesivas para el bolsillo de los bogotanos. Entre las propuestas se encuentran campañas de educación vial, mejor señalización y controles presenciales focalizados en puntos críticos, antes de recurrir masivamente a las fotomultas.
Hasta el momento, ni el presidente ni la ministra se han pronunciado públicamente sobre la solicitud. Sin embargo, el debate sobre el uso de cámaras de fotodetección vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo de sanciones en el país y de garantizar que cualquier medida de control de tránsito responda a criterios de proporcionalidad, legalidad y protección efectiva de la vida en las vías.