Polémico convenio: director encargado de la Policía defiende traslado de influenciadores en avión oficial
En medio de un torrente de cuestionamientos, el director encargado de la Policía Nacional, general Rosemberg Novoa, salió al paso para defender el traslado de varios influenciadores en un avión oficial con destino a Barranquilla. Según el alto mando, la operación se realizó bajo un "convenio administrativo", aunque evitó profundizar en los detalles contractuales, avivando las sospechas sobre el uso de medios institucionales para fines ajenos a la seguridad nacional.
El escándalo estalló cuando imágenes del grupo de creadores de contenido —algunos con millones de seguidores— circulando en las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se viralizaron en redes sociales. Las críticas no se hicieron esperar: desde expertos en derecho administrativo hasta opositores políticos exigen transparencia sobre el acuerdo y si este incluyó contraprestación económica o beneficios para la institución.
¿Qué dice la Policía?
Novoa, en una breve declaración, insistió en que el transporte fue legal y ajustado a los protocolos. "Todo se realizó bajo un convenio preexistente, con todas las autorizaciones correspondientes", afirmó, sin especificar si los influenciadores pagaron por el servicio o si su viaje respondía a una campaña institucional.
Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa revelaron bajo reserva que no existe un documento público que detalle los alcances de dicho convenio, lo que aumenta el escepticismo en círculos políticos. "Si fue un acuerdo legítimo, ¿por qué no mostrar las cláusulas? ¿Quién autorizó esto y con qué fin?", cuestionó un senador opositor en X (antes Twitter).
Antecedentes que alimentan la polémica
No es la primera vez que la utilización de aviones oficiales para fines no operativos genera controversia. En 2022, un vuelo de la FAC que transportó a un famoso cantante vallenato terminó en una investigación disciplinaria, y en 2023, un informe de la Contraloría alertó sobre el mal uso de recursos en traslados de personal no prioritario.
Mientras el debate se enciende, la ciudadanía y la prensa exigen rendición de cuentas claras: ¿Fue este viaje una estrategia de propaganda institucional o un privilegio sin justificación? La Procuraduría y la Contraloría ya han sido instadas a pronunciarse.
Por ahora, el silencio del Gobierno Nacional y la falta de documentos públicos dejan más dudas que respuestas. Lo único claro es que el caso seguirá en la mira de un país que ya no tolera opacidad en el manejo de lo público.
¿Qué sigue? Este medio mantendrá vigilancia sobre las acciones legales y las explicaciones que, tarde o temprano, deberán llegar desde las altas esferas del poder.