Un nuevo proyecto de ley fue radicado en el Congreso por el representante a la Cámara Julio César Triana,  con el objetivo de castigar con mayor severidad a los encapuchados que cometan actos vandálicos durante las manifestaciones públicas. La iniciativa busca que quienes, amparados en el anonimato, destruyan bienes públicos o privados, agredan a la fuerza pública o pongan en riesgo la vida e integridad de otras personas, asuman todo el peso de la justicia. El proyecto plantea penas de prisión que irían de 54 a 96 meses, además de cuantiosas multas económicas.

De acuerdo con el texto presentado, las sanciones incluirían multas que oscilarían entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta y de los daños ocasionados. Con esto, los autores del proyecto pretenden enviar un mensaje claro de que la protesta social pacífica seguirá siendo un derecho protegido, pero que los actos de violencia y vandalismo no quedarán impunes. La propuesta también contempla mecanismos para identificar a los responsables, incluso cuando intenten ocultar su identidad mediante capuchas u otros elementos.

El proyecto hace una diferenciación entre quienes participan de manera pacífica en las movilizaciones y aquellos que, aprovechando la multitud, recurren a la violencia. Según la exposición de motivos, la intención no es criminalizar la protesta, sino sancionar a quienes la instrumentalizan para cometer delitos. En ese sentido, se insiste en que las garantías constitucionales para la manifestación pública se mantienen intactas, pero se refuerza la respuesta penal frente a los hechos que atenten contra la seguridad ciudadana y el orden público.

Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa se refiere al uso de explosivos o artefactos peligrosos durante las protestas. El proyecto establece agravantes cuando los encapuchados empleen bombas incendiarias, artefactos de fabricación casera u otros elementos capaces de causar daños masivos. En estos casos, las penas podrían ubicarse en el rango más alto previsto, es decir, cerca de los 96 meses de prisión, además de las multas máximas contempladas. La justificación radica en el alto riesgo que estas conductas representan para la vida y la integridad de manifestantes, transeúntes y miembros de la fuerza pública.

Asimismo, la propuesta contempla sanciones más severas cuando los ataques se dirijan contra colegios, hospitales o infraestructura de servicios públicos. El proyecto considera que estas instalaciones cumplen una función esencial para la comunidad y, por tanto, su afectación tiene un impacto social especialmente grave. Daños a redes de energía, acueductos, transporte masivo o centros educativos y de salud podrían acarrear no solo mayores penas de prisión, sino también la obligación de reparar económicamente los perjuicios causados, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o administrativas.

El senador Julio César Triana fue el encargado de exponer los alcances de la iniciativa ante la opinión pública y sus colegas en el Congreso. Triana sostuvo que el país necesita una legislación más clara y contundente frente a los encapuchados que convierten las manifestaciones en escenarios de violencia. Según el congresista, el proyecto busca proteger el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que brinda herramientas efectivas a las autoridades para judicializar a quienes, bajo el anonimato, destruyen bienes, intimidan a la ciudadanía y ponen en riesgo la vida de terceros. El debate ahora pasará a las comisiones correspondientes, donde se definirá si la propuesta avanza en su trámite legislativo.