La senadora Ana Paola García radicó en el Congreso el proyecto de ley Escuelas Seguras, una iniciativa que pretende incorporar en el Código Penal un nuevo capítulo de delitos contra la educación. La propuesta surge como respuesta al aumento de hechos de violencia que afectan a docentes, estudiantes y comunidades educativas, y que ponen en riesgo el acceso, la permanencia y la calidad del servicio educativo en distintas regiones del país.

El proyecto plantea que las agresiones físicas y verbales contra maestros, directivos y personal administrativo, así como las amenazas, hostigamientos y daños a la infraestructura escolar, sean reconocidos como conductas punibles específicas. De esta manera, se busca cerrar vacíos normativos que hoy dificultan la judicialización de quienes atentan contra la seguridad en los entornos escolares y dejan en la impunidad numerosos casos.

García explicó que la iniciativa también contempla sanciones más severas cuando los hechos de violencia se cometan dentro o en inmediaciones de instituciones educativas, o cuando las víctimas sean menores de edad. El objetivo es enviar un mensaje claro de protección reforzada a la niñez y adolescencia, y de respaldo institucional a los docentes que, en muchos territorios, ejercen su labor en contextos de alto riesgo.

El articulado incluye medidas para prevenir la instrumentalización de los colegios por parte de grupos armados ilegales, bandas delincuenciales o redes de microtráfico. Entre ellas se cuentan agravantes para quienes recluten, amenacen o utilicen a estudiantes con fines delictivos, así como para quienes conviertan los alrededores de las escuelas en escenarios de confrontación o actividades criminales que pongan en peligro a la comunidad educativa.

Además de la dimensión punitiva, el proyecto de ley Escuelas Seguras propone fortalecer los protocolos de prevención y atención de la violencia escolar, articulando a los ministerios de Educación, Interior y Defensa, así como a las autoridades locales. La senadora insistió en que la seguridad en los colegios no puede depender únicamente de la reacción penal, sino que requiere estrategias integrales de convivencia, acompañamiento psicosocial y participación de las familias.

La iniciativa iniciará su trámite en las próximas semanas en las comisiones primeras, donde se espera un amplio debate sobre el alcance de las nuevas figuras penales y su impacto en los territorios más afectados por la violencia. Organizaciones de maestros, rectores y padres de familia han manifestado interés en participar en las discusiones, al considerar que el proyecto podría convertirse en una herramienta clave para garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de seguridad y dignidad.