Procurador rechaza amenazas por traslado de presos
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó de manera enfática las amenazas dirigidas contra el presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, luego de que se ordenara el traslado de varios presos desde sus actuales sitios de reclusión hacia otros establecimientos carcelarios del país.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, las intimidaciones se habrían originado en sectores inconformes con las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, que buscan reorganizar la ubicación de internos considerados de alto riesgo o con especial relevancia para investigaciones en curso. Eljach advirtió que ninguna presión ilegal puede condicionar el ejercicio legítimo de las funciones del Estado.
El procurador respaldó la adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados, así como de sus núcleos familiares y de los equipos que participan en la implementación de los traslados. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que refuercen los esquemas de protección y actúen de manera coordinada.
Eljach también solicitó a los organismos de investigación avanzar con celeridad en la identificación de los responsables de las amenazas, con el fin de llevarlos ante la justicia y enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no quedarán en la impunidad. Subrayó que la institucionalidad no puede ceder ante organizaciones criminales que buscan intimidar a los servidores públicos.
Asimismo, el procurador reiteró que las decisiones sobre el traslado de personas privadas de la libertad responden a criterios técnicos y de seguridad, y no a intereses particulares. Según explicó, estas medidas forman parte de una política penitenciaria orientada a reducir riesgos de fuga, evitar que se sigan cometiendo delitos desde las cárceles y proteger la integridad de los propios internos.
Finalmente, Eljach instó a la ciudadanía a respaldar a las instituciones y a rechazar cualquier forma de amenaza o violencia contra quienes ejercen funciones públicas. Reafirmó que la Procuraduría hará seguimiento permanente a la situación y utilizará todas las herramientas legales a su alcance para garantizar que los funcionarios amenazados puedan cumplir sus responsabilidades en un entorno de seguridad y respeto por el Estado de derecho.