Más de $4.900 millones habría movido, según la Fiscalía General de la Nación, una sofisticada red de extorsiones que operaba desde el interior de la cárcel La Picota, en Bogotá. De acuerdo con la investigación, los cabecillas coordinaban desde los patios del penal una estructura dedicada a engañar a sus víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, aprovechando la masificación de los contactos virtuales y el anonimato que ofrecen estas plataformas.

Los investigadores establecieron que los delincuentes creaban falsos perfiles en WhatsApp y otras aplicaciones, haciéndose pasar por mujeres jóvenes o contactos de confianza para iniciar conversaciones de carácter íntimo. Una vez ganada la confianza de la víctima, solicitaban o inducían el envío de fotografías y videos de contenido sexual, o incluso recurrían a la manipulación digital de imágenes para fabricar material comprometedor que luego utilizaban como herramienta de presión.

Con ese material en su poder, los integrantes de la red pasaban rápidamente a la fase de intimidación. Según la Fiscalía, las víctimas eran amenazadas con la publicación masiva de sus fotos íntimas en redes sociales, el envío del contenido a familiares, amigos y empleadores, e incluso la difusión en grupos comunitarios. El objetivo era generar el máximo nivel de miedo y vergüenza posible para forzar el pago inmediato de sumas de dinero que, en muchos casos, se incrementaban con el paso de los días.

Las exigencias económicas variaban según el perfil de la víctima y la capacidad de pago que los extorsionistas creían identificar. En algunos casos, los montos iniciales eran relativamente bajos para facilitar el primer giro, pero luego se transformaban en una cadena de pagos sucesivos bajo la amenaza constante de nuevas filtraciones. De esta manera, la red habría logrado recaudar más de $4.900 millones, canalizados a través de cuentas bancarias de terceros, giros y plataformas de pago electrónico.

La Fiscalía explicó que el rastreo de las comunicaciones, los movimientos financieros y los dispositivos utilizados permitió identificar a varios internos de La Picota como presuntos articuladores del esquema criminal. Asimismo, se habrían detectado posibles cómplices en el exterior del penal, encargados de recibir el dinero, gestionar las cuentas y mantener activos los perfiles falsos. Las autoridades no descartan que existiera algún grado de colaboración de funcionarios para el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de la cárcel.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos y evitar caer en la trampa de los extorsionistas. Recomendaron no compartir contenido íntimo con desconocidos, verificar la identidad de los contactos que solicitan material sensible y acudir de inmediato a la Fiscalía o a la Policía en caso de recibir amenazas. La investigación continúa para establecer el número total de víctimas, la ruta completa del dinero y las posibles conexiones de esta red con otras estructuras delictivas dedicadas a la extorsión digital en el país.