Registrador Nacional frena consulta popular de Petro: no podrá coincidir con elecciones en 2024
En un golpe a los planes del Gobierno Nacional, el Registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó este jueves que la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro no podrá realizarse en simultáneo con ningún otro proceso electoral previsto para este año. La declaración, hecha en respuesta a un requerimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), pone en jaque la estrategia del Ejecutivo de someter a votación sus reformas clave antes de fin de año.
El choque entre el Gobierno y la Registraduría
Según Penagos, la Ley 1864 de 2017 —que regula los mecanismos de participación ciudadana— establece que las consultas populares no pueden coincidir con elecciones ordinarias, so pena de incurrir en vicios de procedimiento. El calendario electoral de 2024 ya incluye las elecciones locales de octubre, por lo que la única opción viable sería convocarla en una fecha separada, lo que generaría costos adicionales y retrasos políticos.
Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que el Gobierno analiza "todas las opciones jurídicas", pero reconocen que una modificación a la normativa requeriría trámite rápido en el Congreso, algo improbable dada la actual polarización.
Las implicaciones políticas
La consulta popular es una pieza central en la estrategia de Petro para sortear el bloqueo legislativo a sus reformas. El presidente ha insistido en que, si el Congreso no aprueba sus proyectos, el pueblo decidirá en las urnas. Sin embargo, la advertencia de Penagos podría descarrilar el plan, al menos en el corto plazo.
Desde la oposición, el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) celebró la postura del Registrador: "Confirma lo que venimos diciendo: el Gobierno quiere saltarse las reglas para imponer su agenda". Mientras, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) acusó a la Registraduría de "entorpecer la voluntad popular".
¿Qué sigue?
El CNE deberá pronunciarse formalmente en los próximos días.
El Gobierno evalúa si insiste en una fecha alterna (con costos estimados en $120.000 millones) o replantea su estrategia.
Expertos electorales, como Juan Carlos Galindo, advierten que una consulta apresurada podría ser impugnada ante el Consejo de Estado.
En juego:
✔ El futuro de las reformas (laboral, salud, pensiones).
✔ La credibilidad del mecanismo participativo.
✔ Un posible pulso institucional entre el Ejecutivo y los organismos de control.