Revés judicial para el Ministerio de Ambiente: Tribunal de Cundinamarca suspende resolución sobre ordenamiento de la Sabana y Bogotá
En un fallo que marca un hito en la disputa entre desarrollo urbano y protección ambiental, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la que se pretendía establecer lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá y la capital del país. La decisión judicial ha generado un intenso debate sobre el futuro de la región y el equilibrio entre crecimiento urbanístico y conservación ecológica.
La resolución del Ministerio, que buscaba regular aspectos como el uso del suelo, la protección de humedales y la gestión de recursos hídricos, fue cuestionada por varios sectores, incluidos desarrolladores urbanos, gremios económicos y algunas autoridades locales, quienes argumentaron que las directrices eran "desproporcionadas" y podrían frenar proyectos de infraestructura y vivienda necesarios para la región.
El Tribunal, al acoger una demanda interpuesta por estos actores, determinó que la medida del Ministerio carecía de un proceso de consulta adecuado con las entidades territoriales y los actores involucrados, lo que constituiría un vicio de procedimiento. "No se puede avanzar en políticas de esta magnitud sin un diálogo amplio y participativo", señaló el fallo, que ha sido celebrado por los críticos de la resolución pero cuestionado por ambientalistas y defensores de la sostenibilidad.
Para el Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, la resolución suspendida era una herramienta clave para garantizar la protección de ecosistemas estratégicos en una de las regiones más importantes del país. "La Sabana de Bogotá es un territorio que requiere un manejo especial debido a su fragilidad ambiental y su importancia para la regulación hídrica y climática de la región", explicó un vocero de la cartera, quien aseguró que se evaluarán las acciones legales a seguir.
Por otro lado, los detractores de la medida celebran la decisión del Tribunal como un triunfo para el desarrollo económico y la autonomía de los territorios. "Este fallo es una victoria para el crecimiento ordenado y sostenible de la región. No podemos permitir que decisiones unilaterales frenen el progreso", afirmó un representante de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
Sin embargo, organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por el impacto que esta suspensión podría tener en la protección de humedales, páramos y otras áreas sensibles de la Sabana, que ya enfrentan presiones por la expansión urbana y la actividad industrial. "Este es un retroceso en la lucha por preservar nuestros ecosistemas. Sin lineamientos claros, el riesgo de degradación ambiental es enorme", advirtió un líder ambiental.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo pone en pausa una de las iniciativas ambientales más ambiciosas del Gobierno actual, sino que también reabre el debate sobre cómo conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente en una de las regiones más dinámicas y pobladas del país.
Mientras tanto, la pelota queda en el tejado del Ministerio de Ambiente, que deberá decidir si insiste en su propuesta, ajustándola a los requerimientos legales, o si busca nuevas alternativas para garantizar la sostenibilidad de la Sabana de Bogotá. Lo que está claro es que este caso seguirá generando controversia en los próximos meses, en un escenario donde el equilibrio entre progreso y conservación parece más frágil que nunca.