Colombia enfrenta hoy un déficit fiscal cercano al 7% del PIB
La seguridad energética debe asumirse como una verdadera política de Estado que trascienda los ciclos políticos y los debates ideológicos. Así lo planteó la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, al señalar que el país necesita una visión de largo plazo que garantice el abastecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del sistema energético. En su intervención, insistió en que las decisiones en esta materia no pueden estar sujetas a coyunturas electorales ni a cambios de gobierno, sino basarse en criterios técnicos, evidencia y diálogo con todos los actores.
En el cierre de su intervención, Murgas advirtió que el país enfrenta hoy un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, una cifra que refleja la magnitud de los retos económicos actuales. Explicó que se requiere un ajuste aproximado de $70 billones para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas y preservar la confianza de los inversionistas. Este contexto, subrayó, obliga a priorizar políticas responsables que no pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica ni la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos.
La presidenta también enfatizó que, en medio de este panorama fiscal, existen necesidades urgentes de inversión en programas sociales, salud e infraestructura. Señaló que la seguridad energética está estrechamente ligada a estos frentes, pues un sistema energético confiable y eficiente es condición indispensable para el desarrollo regional, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida. Por ello, llamó a articular la política energética con los planes de desarrollo social y territorial.
Murgas recalcó que el país no puede darse el lujo de improvisar en materia energética. Advirtió que la falta de claridad regulatoria, los mensajes contradictorios y la incertidumbre sobre el futuro de las inversiones pueden encarecer los proyectos, retrasar la expansión de la oferta y afectar la competitividad. En este sentido, defendió la necesidad de reglas de juego estables, marcos regulatorios predecibles y una institucionalidad fuerte que brinde confianza a los agentes del sector.
Asimismo, destacó que la transición energética debe ser ordenada, gradual y responsable, teniendo en cuenta la realidad fiscal y las capacidades del país. Si bien respaldó el impulso a las energías renovables y a la innovación tecnológica, advirtió que cualquier transformación del sistema debe garantizar la seguridad del suministro y la asequibilidad para los hogares y las empresas. La clave, dijo, está en combinar ambición climática con realismo económico y social.
Finalmente, la presidenta hizo un llamado a construir consensos amplios alrededor de la seguridad energética como política de Estado. Invitó a gobierno, Congreso, sector privado, academia y sociedad civil a dejar de lado las polarizaciones ideológicas y trabajar sobre una agenda común que priorice el interés nacional. Solo así, concluyó, el país podrá enfrentar simultáneamente el desafío del déficit fiscal, las demandas de inversión social y la necesidad de un sistema energético robusto, moderno y sostenible.