El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, reveló que integrantes de la Fuerza Pública están acudiendo a instancias internacionales para proteger la estabilidad del sistema de justicia transicional en Colombia. Según explicó, varios comparecientes han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de resguardar la seguridad jurídica que les fue ofrecida en el marco del Acuerdo de Paz.

Ramelli advirtió que estos miembros de la Fuerza Pública consideran que las recientes discusiones políticas y jurídicas en torno a la JEP podrían poner en entredicho los compromisos adquiridos por el Estado colombiano. En particular, temen que eventuales reformas, decisiones legislativas o interpretaciones judiciales posteriores alteren las reglas de juego bajo las cuales aceptaron someterse a la jurisdicción especial, lo que abriría la puerta a nuevos procesos penales o sanciones adicionales.

De acuerdo con el magistrado, las solicitudes elevadas ante la CIDH buscan que se reconozca la JEP como un componente esencial del cumplimiento del Acuerdo de Paz y, por tanto, se exhorte al Estado a garantizar su estabilidad normativa y su funcionamiento independiente. Los comparecientes argumentan que cualquier debilitamiento de la jurisdicción especial afectaría no solo sus derechos individuales, sino también la confianza de otros actores armados en los mecanismos de justicia transicional.

El presidente de la JEP subrayó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para que los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición avancen con credibilidad. Sin reglas claras y estables, señaló, se corre el riesgo de que los comparecientes se retraigan, limiten sus aportes a la verdad o incluso reconsideren su participación en los procesos, lo que impactaría directamente a las víctimas y a la sociedad que espera esclarecimiento de los hechos más graves del conflicto armado.

Ramelli también hizo un llamado a las instituciones del Estado y a los distintos sectores políticos para que se respete la arquitectura de la justicia transicional pactada en La Habana. Recordó que la JEP fue diseñada y avalada tanto a nivel interno como internacional, y que su desestabilización podría generar responsabilidad internacional para Colombia. En ese contexto, las medidas cautelares solicitadas ante la CIDH se interpretan como una señal de alarma sobre el nivel de incertidumbre que perciben los comparecientes.

Finalmente, el magistrado insistió en que la protección de la JEP no es un asunto exclusivo de los exintegrantes de la Fuerza Pública o de los excombatientes, sino un compromiso con las víctimas y con la consolidación de la paz. Garantizar la seguridad jurídica, afirmó, es indispensable para que las decisiones de la jurisdicción sean sostenibles en el tiempo, se cumplan las sanciones propias del sistema y se evite que el país retroceda en los avances logrados en materia de justicia transicional y reconciliación.