Senadora María Fernanda Cabal denuncia a Gustavo Petro por "falsedad ideológica" ante Comisión de Acusaciones
En un movimiento político que agita el ya convulsionado escenario nacional, la senadora María Fernanda Cabal radicó este martes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.
La congresista, reconocida por su firme oposición al gobierno, aseguró que Petro "debe evaluar su continuidad en la presidencia", argumentando que su "elección, proceder y escándalos lo hacen cada vez más ilegítimo en el poder". La denuncia, según fuentes cercanas al trámite, se basa en supuestas inconsistencias en declaraciones juradas y documentos oficiales presentados por el mandatario en el pasado.
¿Qué implica la acusación?
La falsedad ideológica, tipificada en el artículo 287 del Código Penal, se configura cuando un servidor público falsea, altera u omite información relevante en documentos oficiales. De prosperar la investigación, el caso podría escalar a un juicio político, aunque expertos constitucionalistas advierten que el proceso enfrentaría altos umbrales probatorios.
Reacciones inmediatas
Desde el Partido Conservador, bancada a la que pertenece Cabal, respaldaron la acción, calificándola como un "acto de defensa institucional". Mientras tanto, sectores petristas la tildaron de "maniobra distractora" en medio de los debates por la reforma a la salud y la polémica nombrada de Luis Velasco como ministro de Defensa.
Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado, pero fuentes presidenciales insinúan que la denuncia "carece de sustento jurídico" y forma parte de una "estrategia de desgaste".
¿Qué sigue?
La Comisión de Acusaciones deberá ahora evaluar si admite o archiva la denuncia. De admitirla, se abriría una investigación preliminar, en un escenario que recuerda procesos similares contra expresidentes.
Mientras el país debate reformas cruciales, el espectro político se enciende con una nueva batalla legal que podría redefinir los límites de la confrontación gobierno-oposición.