Un mes después del terremoto del 10 de agosto, el sistema asegurador enfrenta una de las mayores pruebas de su historia reciente. Las compañías reportan 68.270 reclamaciones por un valor asegurado de $3,7 billones, un billón más que la semana anterior, lo que evidencia la velocidad con la que siguen aflorando los daños. El incremento semanal en el monto asegurado refleja tanto la magnitud del evento como la complejidad del proceso de evaluación pericial en viviendas, comercios y copropiedades.

Hasta ahora, el sector ha desembolsado $95.076 millones en indemnizaciones, una cifra que, aunque significativa, representa apenas una fracción del valor total reclamado. Las aseguradoras explican que los pagos se concentran en los casos con daños claramente identificados y con documentación completa, mientras que miles de expedientes continúan en etapa de inspección técnica y ajuste de pérdidas. La prioridad, insisten, es garantizar que cada indemnización corresponda de manera precisa a la afectación real.

Las reclamaciones se concentran principalmente en pólizas de hogar y comercio, pero también incluyen copropiedades, bodegas, pequeñas industrias y otros bienes productivos. En las zonas más golpeadas, los peritos trabajan a contrarreloj para levantar inventarios de daños estructurales y no estructurales, en medio de dificultades logísticas y de acceso. Los gremios del sector advierten que la presión sobre la capacidad operativa de las aseguradoras es alta, pero aseguran que las reservas técnicas son suficientes para responder.

Expertos en gestión de riesgos señalan que el salto de un billón de pesos en el valor asegurado en solo una semana revela la existencia de daños inicialmente subestimados o no reportados. Muchos propietarios, explican, tardan en entender el alcance de las coberturas o en reunir los documentos exigidos por las pólizas. Además, en edificaciones con daños compartidos, como conjuntos residenciales y centros comerciales, los procesos de reclamación suelen ser más lentos por la necesidad de acuerdos entre copropietarios y administraciones.

El comportamiento de las cifras también reabre el debate sobre la cultura del seguro en el país. Aunque el volumen de reclamaciones es elevado, especialistas recuerdan que una parte importante del parque inmobiliario sigue sin cobertura frente a riesgos catastróficos. Para ellos, el terremoto del 10 de agosto se convierte en un punto de inflexión que podría impulsar una mayor contratación de pólizas, pero también una revisión de las condiciones, exclusiones y deducibles que hoy rigen el mercado.

Mientras tanto, las autoridades de supervisión monitorean de cerca la solidez financiera de las compañías y la oportunidad en el pago de las indemnizaciones. El reto, coinciden reguladores y gremios, es doble: responder con agilidad a las familias y empresas afectadas, y al mismo tiempo preservar la estabilidad del sistema asegurador frente a un choque de esta magnitud. En las próximas semanas, el ritmo de los desembolsos y la evolución del número de reclamaciones serán claves para medir el verdadero impacto económico del sismo sobre el sector.