A su llegada al búnker de la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria por las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura defensa de su legado en materia de seguridad. En una breve declaración ante los medios, el exmandatario afirmó: “Me han acusado de narco-paramilitar, no obstante, nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo”. Sus palabras marcaron el tono de una jornada judicial cargada de tensión política y mediática.

La diligencia de indagatoria, considerada un hito en la historia reciente del país, se enmarca en investigaciones que buscan establecer la presunta responsabilidad del entonces gobernador de Antioquia en hechos ocurridos a finales de los años noventa. Las masacres de La Granja y El Aro, así como el asesinato de Jesús María Valle, han sido objeto de múltiples decisiones judiciales y pronunciamientos de organismos internacionales, que han señalado la posible connivencia entre agentes estatales y estructuras paramilitares en la región.

Uribe, sin embargo, insiste en que su actuación en el cargo se orientó a fortalecer la presencia institucional y a enfrentar a los grupos armados ilegales. En su declaración, el exmandatario recordó las políticas de seguridad democrática implementadas durante su gobierno, subrayando que, según él, estas medidas permitieron una reducción significativa de los cultivos ilícitos, del tráfico de drogas y de la capacidad operativa de las organizaciones paramilitares. “Los hechos y las cifras desmienten esas acusaciones”, sostuvo, al tiempo que pidió que el proceso se adelante con garantías y sin sesgos políticos.

La Fiscalía, por su parte, ha señalado que la citación busca esclarecer si existieron omisiones, tolerancia o incluso apoyo indirecto a estructuras armadas ilegales en el marco de la violencia que azotó al norte y al occidente de Antioquia. Fuentes del ente acusador explican que la indagatoria es una etapa clave para contrastar testimonios, documentos y decisiones previas de la justicia, y que de su resultado dependerá la eventual formulación de cargos o el archivo del expediente. El caso ha despertado especial interés entre organizaciones de víctimas, que reclaman verdad plena y responsabilidades claras.

El contexto político añade una capa adicional de complejidad. Uribe sigue siendo una de las figuras más influyentes del espectro político colombiano, y sus seguidores han presentado la citación como una persecución judicial motivada por diferencias ideológicas. Sectores de oposición, en cambio, consideran que el avance de estas investigaciones es una señal de madurez institucional y de que nadie, por alto que haya sido su cargo, está por encima de la ley. En las afueras del búnker se registraron manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo al exmandatario, reflejando la profunda polarización que aún divide al país.

Mientras avanza la diligencia, el caso se perfila como una prueba para el sistema de justicia y para la capacidad del Estado de ofrecer respuestas a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La indagatoria de Álvaro Uribe por las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle no solo revisita uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado, sino que también pone a prueba la credibilidad de las instituciones y la disposición de la sociedad colombiana a enfrentar su pasado reciente con rigor, transparencia y sin impunidad.